Un estudio reveló que una de cada dos peruanas ha sufrido violencia de pareja, situación asociada con un mayor número de embarazos no deseados
Lima, 04 de Marzo del 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, una investigación peruana advierte que la violencia de pareja influye de forma directa en las decisiones reproductivas y sociales de las mujeres.
El estudio, basado en datos de 8466 mujeres en edad fértil, revela que quienes han sufrido agresiones tienen mayor probabilidad de no desear un embarazo. Además, esta experiencia se asocia con una mayor prevalencia de gestaciones no planificadas.
Los resultados muestran que el 22,2 % de las participantes declaró violencia física; el 45,8 %, violencia psicológica; y el 4,3 %, violencia sexual. La investigación utilizó información secundaria de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2020 y se centró en mujeres de 15 a 49 años que habían tenido al menos un embarazo en los cinco años previos.
A nivel mundial, se estima que el 27 % de las mujeres de ese rango de edad ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Más allá del daño inmediato, este fenómeno puede afectar el control sobre la fertilidad y aumentar el riesgo de embarazos no planificados.
En Perú, el 52,4 % de las encuestadas calificó su embarazo como no planeado. La proporción fue mayor entre jóvenes de 15 a 25 años, mujeres sin pareja actual, con menor nivel educativo, residentes en zonas rurales, pertenecientes a los quintiles más pobres y mujeres quechuahablantes.
El análisis también identificó que las mujeres del ámbito rural muestran menor intención de embarazarse que las urbanas, un resultado que podría vincularse con el impacto de políticas públicas de género implementadas en los últimos años.
Patrones similares se han observado en Etiopía, Bangladesh, Brasil, Japón, Namibia, Samoa, Serbia y Montenegro, donde la violencia de pareja se relaciona con un mayor número de embarazos no deseados. Estudios previos indican que, ante estas situaciones, algunas mujeres recurren a anticonceptivos sin conocimiento de la pareja, métodos de emergencia o al aborto. En Perú, sin embargo, esta práctica solo es legal por razones terapéuticas, lo que condiciona las decisiones reproductivas frente a otros contextos.
Ante este escenario, los investigadores recomiendan fortalecer los programas de prevención, la educación sexual integral y los servicios de planificación familiar. También subrayan la necesidad de priorizar iniciativas de apoyo local y de crear entornos que fomenten la pertenencia, la aceptación y eviten la estigmatización.
La investigación fue desarrollada por el docente investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola, Guido Bendezú Quispe, en colaboración con especialistas de otras universidades peruanas: Brenda Caira Chuquineyra, Daniel Fernández Guzmán, Andrea Cortez Soto, Diego Urrunaga Pastor y Carlos Toro Huamanchumo.