Viernes, 6 de Marzo del 2026
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que tomará acciones legales contra la resolución del Poder Judicial que limita la fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) en el megapuerto de Chancay, terminal portuario de titularidad de Cosco Shipping.
A través de un comunicado oficial, la PCM señaló que hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta en caso se confirme la inaplicación de normas que sustentan las competencias de Ositrán. Esta postura se alinea con el anuncio previo de la presidenta del regulador, Verónica Zambrano, quien confirmó que apelarán el fallo ante la Sala Constitucional de la Corte Superior.
En su pronunciamiento, la PCM recordó que el Perú se rige por una economía social de mercado, en la cual la iniciativa privada es libre, pero debe desarrollarse dentro del marco legal vigente. En ese sentido, enfatizó que tanto la inversión nacional como extranjera están sujetas a las mismas condiciones, conforme al artículo 63 de la Constitución.
Asimismo, reiteró que la política de Estado promueve la inversión extranjera como mecanismo para fortalecer la infraestructura, la competitividad y el crecimiento económico. Sin embargo, subrayó que el Terminal Portuario de Chancay debe cumplir con el ordenamiento normativo peruano, incluyendo la regulación sectorial y los mecanismos de supervisión establecidos por ley.
Actualmente, diversas entidades ejercen funciones dentro del puerto, entre ellas la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Sunat, la Dirección Antidrogas de la PNP, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Municipalidad Distrital de Chancay.
No obstante, el fallo judicial ordena que únicamente Ositrán se abstenga de ejercer funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras en el terminal, además de declarar inaplicables determinadas normas que sustentan sus competencias.
La controversia abre un debate clave sobre la regulación de infraestructura portuaria de uso público financiada con capital privado, especialmente en proyectos estratégicos como el megapuerto de Chancay, considerado un eje logístico de alto impacto para el comercio exterior peruano y la integración con Asia.
Desde el Ejecutivo, la posición es clara: la promoción de la inversión privada no implica exoneración del cumplimiento de las normas regulatorias. En consecuencia, las acciones judiciales anunciadas buscarán restituir el alcance de la supervisión de Ositrán, lo que podría sentar un precedente relevante para futuros megaproyectos de infraestructura en el país.
