Viernes, 13 de Febrero del 2026
Lima, 14 de Noviembre del 2025.- El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) cerrará el 2025 con un récord de US$20.000 millones en expedientes viabilizados, según informó su presidenta ejecutiva, Silvia Cuba, quien destacó que más del 80% de este monto corresponde a proyectos mineros.
A pesar de las críticas por las demoras en la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA), Cuba señaló que el organismo ha transformado esas observaciones en oportunidades de mejora. “Estamos demostrando a los inversionistas que somos una institución con solidez técnica y meritocracia. Los indicadores lo confirman”, afirmó.
Entre 2024 y 2025, el Senace ha aprobado 144 estudios mineros —entre EIAs, MEIAs e ITS— que representan US$25.731 millones en inversiones, de un total general de US$31.600 millones, es decir, el 81% del total.
Cuba explicó que el Senace mantiene actualmente 54 estudios en evaluación y 46 en elaboración, mientras proyecta aprobar entre 230 y 250 expedientes en 2026. “La inversión minera es muy fuerte. Hemos aprobado estudios importantes como los de La Arena, Retamas (Marsa) y estamos mapeando nuevos proyectos como Chapi (Arequipa)”, señaló.
Asimismo, la entidad cuenta con 348 trabajadores, de los cuales 70 están dedicados exclusivamente al sector minero, que es la unidad funcional más grande del Senace.
En términos de gestión, el Senace logró reducir en 24% los plazos promedio de aprobación de los EIA —de más de 400 días hábiles a 300 días— y en 33% los plazos de los informes técnicos sustentatorios (ITS).
En el caso de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) para exploración, los tiempos de respuesta se redujeron en 38%, con proyecciones de alcanzar una reducción total del 80% hacia 2026, lo que equivaldría a procesos de entre 150 y 160 días hábiles.
“Estamos bajando los plazos de evaluación y aprobando estudios dentro del marco legal. Por ejemplo, los expedientes del sector Vivienda, que antes tomaban 120 días hábiles, ahora se aprueban en 90”, precisó Cuba.
El objetivo institucional es alcanzar hacia 2026 una reducción del 80% en los plazos de aprobación de EIA y MEIA, lo que permitirá acelerar la puesta en marcha de proyectos mineros y energéticos.
Cuba destacó que este resultado se logrará gracias a la implementación de unidades funcionales especializadas, como la Unidad de Minería, Electricidad, Hidrocarburos y Actividades Productivas, integradas dentro de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos (DEAR).
Para el próximo año, el Senace incorporará tres nuevos sectores: industria, pesca y turismo, con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ampliar el capital humano y mantener los niveles de eficiencia.
El Senace ya trabaja con el gobierno de Corea en la implementación de inteligencia artificial (IA) para reducir aún más los tiempos de admisibilidad de los estudios ambientales.
Actualmente, este proceso puede tomar cuatro o cinco días, pero con IA se completará en menos de medio día, optimizando la revisión documental y liberando carga operativa.
“La idea es que la IA registre la información desde la etapa de elaboración de los EIA, de modo que cuando ingresen a evaluación la admisibilidad sea inmediata. Apuntamos a que 120 días sea el máximo”, afirmó Cuba.
El presupuesto del Senace es de S/54 millones anuales, aunque para 2026 se reducirá en S/5 millones, lo que refuerza la necesidad de recurrir a la tecnología como herramienta de productividad.
Silvia Cuba subrayó que la política institucional del Senace se alinea con la meta del Gobierno de destrabar proyectos mineros.
“Entidades como el Senace o el Banco Central de Reserva del Perú son clave para brindar estabilidad jurídica. Eso genera confianza, y los inversionistas lo han destacado en foros como CADE 2025 y Perumin”, indicó.
Con más de US$20.000 millones en inversiones viabilizadas y una reducción sostenida de plazos, el Senace se consolida como un actor técnico clave para el desarrollo minero del Perú, garantizando seguridad jurídica, eficiencia ambiental y aceleración de la inversión productiva.
