Lunes, 5 de Mayo del 2025
Lima, 15 de Abril del 2025.- Manifestamos nuestra preocupación ante la propuesta de la Defensoría del Pueblo de adoptar una medida extraordinaria en el marco del Estado de Emergencia en Lima y Callao, consistente en prohibir la circulación de motocicletas de 6:00 pm a 6:00 am. Todos los peruanos compartimos la preocupación por el aumento de la criminalidad y entendemos que esta iniciativa busca enfrentar este grave problema. No obstante, consideramos que la medida propuesta no sería eficaz para reducir la inseguridad ciudadana y, por el contrario, generaría efectos negativos sobre diferentes sectores de la economía como el sector de restaurantes, cafeterías y afines —compuesto en un 99% por micro y pequeñas empresas—, así como sobre otros comercios y plataformas de reparto a domicilio.
Como es de conocimiento, a pesar de sus esfuerzos, el Perú está teniendo crecimientos económicos aún muy modestos, que no permiten que los más de 350 mil jóvenes que anualmente salen al mercado laboral consigan trabajos formales y dignos. Muchos de estos jóvenes han encontrado empleo precisamente en los negocios mencionados. Según el IPE, en el año 2022, unos 31 mil peruanos trabajaron en delivery, actividad que ha impulsado las ventas de negocios aliados, al representar alrededor del 31% de sus ingresos. Dicho resultado se ha reflejado en mayores contrataciones: el 2024, el nivel de empleo en restaurantes creció en 6.9% frente al 2023, con un 90% de la fuerza laboral concentrada en empresas entre 1 a 10 trabajadores.
Nada garantiza que el horario propuesto sea en el cual se generen más crímenes, ya que observamos que los mismos ocurren en cualquier momento del día. En un contexto, en el que el Perú se ha propuesto impulsar la economía, mediante la identificación y eliminación de regulaciones innecesarias o irracionales, la restricción de horario afectaría injustificadamente los principales horarios de reparto. El ministerio de Economía y Finanzas y el de Producción deberán pronunciarse en dicho sentido.
Además, no debe perderse de vista que muchos ciudadanos utilizan estos vehículos para trasladarse y tener mayor seguridad (frente a lo que sería caminar o utilizar transporte público). La propuesta de limitar la circulación vulneraría así el derecho constitucional a la libertad de tránsito, sin mayor evidencia que justifique tal restricción.
Consideramos que la criminalidad se combate con eficaces, como el equipamiento y mayor tecnología de la policía, el fortalecimiento del trabajo de inteligencia y la creación de un registro medidas nacional de prestadores independientes del servicio de entrega, a carga del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y no con limitaciones a la actividad económica formal.
