Miercoles, 26 de Marzo del 2025
Lima, 14 de Marzo del 2025.- El comercio ilícito de oro sigue en expansión en América del Sur, con Perú encabezando la lista de exportadores de este metal de procedencia ilegal. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2024 se habrían enviado al exterior 92 toneladas de oro extraído sin regulación, lo que representa un crecimiento del 20 % en comparación con 2023 y triplica las cifras registradas hace diez años.
El incremento del precio del oro en el mercado internacional ha disparado el valor de estas exportaciones ilegales, que alcanzarían los US$ 7,000 millones en 2024, un 46 % más que los US$ 4,840 millones registrados en 2023 y cuatro veces superior al crecimiento promedio de las exportaciones totales (11 %). Este monto supera en más de 200 veces el presupuesto asignado en 2024 para combatir la minería ilegal y formalizar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).
Un análisis del IPE revela que entre el 30 % y 80 % del oro exportado en América del Sur proviene de fuentes ilegales, con Perú como el principal país de origen, representando el 44 %. Colombia concentra el 25 %, Bolivia el 12 %, mientras que Ecuador y Brasil alcanzan el 9 % cada uno. Venezuela, por su parte, representa solo el 1 %. Estas cifras reflejan la magnitud del comercio ilícito de oro en la región y la importancia de reforzar las acciones para enfrentarlo.
Además de sus consecuencias económicas, la extracción ilegal de oro ha generado un grave deterioro ambiental en la región. En los últimos cinco años, más de 121,000 hectáreas de bosques han sido destruidas en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. En Perú, la deforestación asciende a 46,000 hectáreas.
La minería ilegal no solo genera daños ambientales y pérdidas económicas, sino que también está vinculada a delitos como el tráfico de personas, el contrabando y la extorsión. En Madre de Dios, los delitos con armas de fuego representaron el 38.6 % de los casos en 2022, superando ampliamente a Lima (15.0 %) y al promedio nacional (10.9 %).
Cabe precisar que desde el año 2018 hasta el 2023, la Corte de Justicia de esa ciudad solo dictó 243 condenas por delito de minería ilegal.
El crecimiento de esta actividad se ve favorecido por la débil fiscalización y la presencia de redes criminales que operan con impunidad. Ante esta realidad, expertos advierten sobre la necesidad de implementar estrategias más efectivas para frenar la minería ilegal y reducir sus impactos en el ecosistema y la economía del país.
