Jueves, 21 de Noviembre del 2024
Lima, 23 de Setiembre del 2024.-La creciente inseguridad ciudadana en el Perú está afectando directamente a las empresas, que se ven obligadas a incrementar sus gastos en medidas de protección, afectando sus márgenes de ganancia y su capacidad operativa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2023, más del 30% de las empresas peruanas reportaron haber sido víctimas de algún delito.
El impacto es particularmente severo en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que operan con márgenes financieros ajustados y, en muchos casos, no cuentan con los recursos necesarios para implementar sistemas de seguridad avanzados. “Las empresas enfrentan una presión adicional para destinar parte de su presupuesto en seguridad, lo que puede limitar su capacidad de inversión en otras áreas clave para el crecimiento del negocio, como la tecnología o la capacitación del personal”, comenta Milagros Torres, subdirectora de la Facultad de Negocios de Zegel.
El impacto de la delincuencia no solo se refleja en un aumento directo de los costos operativos, sino también en una reducción de la productividad. Estudios recientes demuestran que el estrés generado por trabajar en un ambiente inseguro disminuye el rendimiento de los colaboradores, lo que afecta la eficiencia operativa de las empresas. Torres añade: “El miedo constante y la falta de seguridad física crean un entorno laboral tóxico que influye negativamente en la moral del equipo, afectando incluso la retención de talento”.
Las empresas más grandes suelen tener una mayor capacidad para implementar estas medidas, pero las pymes se ven más afectadas, ya que en muchos casos no cuentan con los recursos suficientes para adoptar sistemas de seguridad avanzados o seguros adecuados. “Es un círculo vicioso: las pymes, que ya enfrentan dificultades financieras, deben asumir estos costos adicionales, lo que reduce su capacidad para crecer o innovar”, subrayó Torres.
El problema de la inseguridad va más allá del impacto directo en los presupuestos empresariales. Según el Banco Mundial, la falta de un entorno seguro para hacer negocios puede desincentivar la inversión extranjera y reducir las oportunidades de empleo a largo plazo. En sectores clave como el comercio minorista y la logística, las pérdidas por robo, extorsión o vandalismo generan un encarecimiento de productos y servicios que afecta tanto a empresas como a consumidores.
Diversos gremios empresariales, incluyendo la Cámara de Comercio de Lima, han expresado su preocupación y han solicitado al Estado la implementación de medidas más contundentes para frenar la delincuencia. “El desarrollo económico del país depende en gran medida de nuestra capacidad para ofrecer un entorno seguro y confiable para las inversiones. Sin seguridad, la actividad empresarial se ve comprometida, y con ello, el crecimiento económico”, puntualiza Torres.
