Miercoles, 25 de Diciembre del 2024
Se trata de 5 proyectos de inversión en favor de Piura, Apurímac, Arequipa y Áncash
Lima, 17 de Setiembre del 2024.- El Poder Ejecutivo aprobó la nueva cartera de infraestructura de la Autoridad Nacional de Infraestructura, a través del Decreto Supremo 096-2024-PCM, la misma que contiene cinco proyectos de inversión en las regiones de Piura, Apurímac, Arequipa y Áncash, por un monto estimado de 2225 millones de soles.
Se trata de la carretera Chulucanas-Frías y el Canal Miguel Checa en Piura, por un monto de inversión mayor a los 620 millones de soles, con el objetivo de crear un corredor de integración optimizando las condiciones de transporte; así como mejorar las condiciones de infraestructura de riego óptima, mediante la construcción de obras de distribución y conducción de agua y el fortalecimiento de la junta de usuarios, beneficiando a 372 mil pobladores en total.
De otro lado, en Apurímac, se contempla la ejecución de la carretera San Antonio de Cachi-Pucaccasa, con una inversión de 209 millones en beneficio de 142 mil ciudadanos. Esta carretera contempla los distritos de San Antonio de Cachi, Chiara, San Miguel de Chaccrampa, Huayana, Tumayhuaraca y Pomacocha.
Asimismo, la cartera de infraestructura abarca la construcción del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Sur, que cuente con ambientes adecuados e implementados con equipamiento moderno para garantizar la calidad de los servicios de salud de los pobladores. Ello con una inversión de 800 millones de soles en favor de más de 1 millón de beneficiarios.
Otro de los proyectos de inversión contemplados es la ejecución del Hospital La Caleta en Áncash, con una inversión estimada de 596 millones de soles, destinados al cierre de brechas en salud.
Cabe señalar que los proyectos de inversión son el resultado de la suscripción de convenios con los gobiernos regionales. En esa línea, la ANIN iniciará con las fases de formulación, evaluación y ejecución de los proyectos aprobados, siempre y cuando se garantice el financiamiento necesario por parte de los gobiernos regionales.
Esta norma marca un paso significativo en la gestión y desarrollo de la infraestructura en Perú, enmarcada en la política de impulso al cierre de brechas, establecida por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y ejecutada por la Presidencia del Consejo de Ministros, refrendando el compromiso con la planificación y ejecución de proyectos de inversiones en el país.
