Viernes, 22 de Noviembre del 2024
Lima 31 de agosto del 2024.- La reciente instalación de la Comisión de Mujer y Familia, y la de Educación presidida por congresistas de Renovación Popular y de Perú Libre, respectivamente, han generado una profunda preocupación de las organizaciones de sociedad civil por su potencial impacto negativo en los derechos de las niñeces y adolescencias.
La designación de Jessica Córdova y de Segundo Montalvo Cubas, el “congresista del bicentenario”, para la integrante de Cresiendo, Ayesha Davila, evidenciaría el interés de los sectores más reaccionarios del Congreso para intervenir y retroceder en los pocos e importantes avances que se han dado en materia educativa. “El intento de exclusión de la Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas, por ejemplo, pone en peligro a miles de estudiantes, dejándolos vulnerables frente a la violencia sexual y los embarazos no deseados,” declara.
“Los sectores más reaccionarios del Congreso buscan liderar estas comisiones para intervenir y retroceder en los pocos e importantes avances que se han dado en materia educativa. Quieren impulsar proyectos que, bajo un discurso de odio y defensa de la libertad religiosa y de consciencia, acaben con años de evidencia de resultados en políticas e intervenciones públicas”, enfatizó la representante de la organización.
El Proyecto de Ley N° 07579/2023-CR
El Proyecto de Ley 7579, “Ley que reconoce el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos”, propone que madres y padres de familia puedan excluir a estudiantes de recibir información y contenidos de Educación Sexual Integral desde las escuelas, con base en sus creencias religiosas. Esto expone a niñas, niños y adolescentes a desinformación sobre su salud e integridad, exponiéndoles a diversas formas de violencia, principalmente en la familia, que es donde ocurre la mayoría de casos de violencia sexual. Un golpe directo a la protección de los derechos de los estudiantes.
Por ejemplo, la llegada a la comisión de Educación de la congresista Jáuregui, conocida por sus posturas contra la educación sexual, y responsable de la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley N° 07579/2023-CR en la Comisión de la Mujer, podría confirmar estas amenazas. Al pasar a ser parte de la mesa directiva de la Comisión de Educación, podría tener influencia para determinar las prioridades de la agenda de la comisión.
Vigilancia y respuesta frente a la amenaza
Desde la sociedad civil se vienen promoviendo y liderando acciones de vigilancia activa y respuesta frente a estas amenazas. Con relación al Proyecto de Ley 7579, se ha elaborado un exhaustivo informe técnico-legal que será presentado en un evento público en los próximos días. Este documento analiza en detalle cómo su aprobación contraviene el marco jurídico interno e internacional, y, más importante aún, cómo afectaría a millones de estudiantes del sistema educativo, sus familias y la comunidad. Llama profundamente la atención la falta de argumentos y participación limitada en el proceso de debate del proyecto en la Comisión de la Mujer y Familia.
Retrocesos Legislativos en materia de derechos humanos
Desde el inicio del periodo parlamentario 2021-2026, los sectores más reaccionarios han avanzado con leyes y proyectos de ley que atentan contra la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos.
“Lidiamos con una actitud antiderecho que juega en pared con el Ejecutivo aprobando sin observar estas normas y se apresura en reglamentarlas, así como un debilitado sistema de justicia, que dilata procesos, o emite sentencias condescendientes en temas de acoso y violencia sexual. Un ejemplo de esta ofensiva es la aprobación de leyes que reconocen la objeción de conciencia como criterio para censurar contenidos de ESI en los textos y materiales educativos”, señala Candelaria Ríos, representante de Foro Educativo.
Llamado a la Acción
En este contexto hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas, comunidades educativas, padres y madres de familia comprometidos, a mantenerse vigilantes por la defensa de la Educación Sexual Integral (ESI) en Perú y a denunciar cualquier intento de retroceso en los derechos de las niñeces y adolescencias.
“Solicitamos a los líderes de las comunidades religiosas y organizaciones basadas en la fe que organicen espacios de reflexión y discusión con su feligresía sobre la importancia de la ESI para el cultivo de una espiritualidad integral”, apuntó Óscar Amat, representante del Centro de Investigación en Religión y Política (CIERP).
Así también, ya se han sumado otras organizaciones de la sociedad civil, como Alianza por la ESI, Manuela Ramos, Promsex, Quinta Ola, Ashanti Perú, Inppares, CIERP, CISTAC, Fovida, Flora Tristán, Ayni Desarrollo, Colectiva de Mujeres con Discapacidad Frida Kahlo y la Mesa de Vigilancia por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
