Viernes, 15 de Noviembre del 2024
Lima, 24 de Mayo del 2024.- De acuerdo con la presentación del último Informe Económico de Construcción (IEC 77) de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la actividad constructora en el Perú ha experimentado un complejo panorama durante el primer cuatrimestre del año en curso, marcado por una serie de desafíos estructurales y coyunturales. Según datos proporcionados por el gremio, este sector ha mostrado una tendencia fluctuante, influenciada por factores internos y externos que han impactado en su desempeño.
Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO, explicó que para el mes de abril del presente año se estima una recuperación significativa, proyectando un alza del 12.5%, convirtiéndose en el segundo mejor resultado del 2024 después del alcanzado en enero (13.2%). Esta mejora se traduciría en un incremento del 7.2% respecto al mismo periodo del año anterior, destacando el avance de obra pública (+31.4%) como un factor relevante.
A pesar de que, en marzo del 2023, la construcción experimentó un descenso del 2.5% en su nivel de producción, debido a una contracción del 7.0% en el consumo de cemento, acumulando diecinueve caídas en los últimos veintiún meses y pese a que el avance de obra experimentó un aumento de 11.4%, manteniendo la tendencia positiva que empezó en diciembre del 2023. Este resultado negativo, en el tercer mes del año, contribuyó a una disminución del PBI Nacional del -0.3%, posicionando a la construcción como el cuarto sector productivo con mayor baja después de la pesca (-32.5%), la manufactura (-9.6%) y la banca y seguros (-5.2%), según cifras de Capeco.
Asimismo, pese a que la ejecución de obra pública ha alcanzado cifras récord al cierre del primer cuatrimestre (12 mil 281 millones de soles, 34.6% más que en 2023, habiéndose invertido el 18.7% del presupuesto de inversión del Estado), también la paralización de obras se ha incrementado: a marzo del 2024, de acuerdo con la Contraloría General de la República, existían 2,324 obras paralizadas, por un monto de inversión de 33 mil 167 millones de soles y que cuentan con un nivel de ejecución financiera del 51% de dicho monto. Casi tres de cada cuatro obras paralizadas corresponden al ámbito de los gobiernos locales, que concentran además el 25% del dinero presupuesto en estos proyectos detenidos.
En este sentido, “urge tomar medidas puntuales para impulsar la recuperación de la obra estatal y de la inversión privada (en particular del segmento inmobiliario). Lamentablemente, el gobierno nacional tiene una actitud muy pasiva en esta materia, a lo que se suman iniciativas legislativas que, de prosperar, afectarían sensiblemente la marcha del sector, en el corto y en el mediano plazo”, enfatizó Valdivia.
Por otro lado, el número de créditos hipotecarios desembolsados en el trimestre enero – marzo se redujo en 0.6% comparado con igual periodo del 2023. En este sentido, entre abril del 2023 y marzo del 2024, la disminución en el otorgamiento de créditos para vivienda social llegó a 21.1%, mientras que entre marzo 2023 y febrero 2024 esta tasa se situó en -17.8%. Todo esto revela un deterioro creciente en el nivel de operaciones de MiVivienda que es atribuible a un conjunto de factores, siendo los principales: la insuficiencia de recursos para el Bono del Buen Pagador, el retiro del FMV del fondeo de créditos en el quinto rango de precios (de 355 mil hasta 479 mil soles), las barreras que imponen algunas municipalidades al desarrollo de proyectos de vivienda social, así como el retraso en la actualización de precios máximos de las viviendas y de los valores de los bonos.
En el 2023 la acumulación de estos factores ha provocado una contracción en el producto bruto interno (-0.6%), del empleo (-0.9%), de la inversión privada (-7.2%), y de la actividad constructora (-7.9%). Estos indicadores negativos no se han visto en el país en los últimos veinticinco años, con la excepción del 2020 en que el país se paralizó por la pandemia del COVID. Esta situación crítica ha motivado un deterioro en la percepción que se tiene del potencial de crecimiento de la economía y de la capacidad del país de atraer inversiones y acceder a créditos en el mercado financiero internacional.
En el ámbito social, la crisis también ha tenido consecuencias. Al aumento incontrolado de la inseguridad ciudadana se suma la comprobación de que la pobreza y la pobreza extrema también se han agravado. De acuerdo con el reciente informe del INEI, la incidencia de la pobreza total ha llegado al 29.0% el año pasado, tasa muy apenas un punto porcentual más baja que la que se presentó en el 2020, durante la etapa más crítica de la pandemia del COVID-19 y significativamente más alta del 20.2% que había alcanzado en el 2019. La pobreza extrema, por su parte, subió de 2.9% en 2019 a 5.7% en el 2023. Por área geográfica, en el último lustro, la pobreza total disminuyó levemente en el área rural (de 40.8% a 39.8%), pero prácticamente ha subido 9 puntos porcentuales en las zonas urbanas (de 14.6% a 26.4%). Como consecuencia de ello, 596 mil peruanos han pasado a la condición de pobreza entre el 2022 y el 2023.
Para ello, igual que en las materias económicas y productivas, también se necesita un amplio acuerdo político, que incluya a la sociedad organizada, para reemplazar el actual modelo de planificación y gestión de las políticas sociales, orientándolas al beneficio de largo plazo para los ciudadanos y dejando de lado las medidas clientelistas, cortoplacistas e improvisadas.
