Viernes, 22 de Noviembre del 2024
Experto señala que lo que buscan las organizaciones criminales es que la empresa salga de la zona para que puedan extraer los recursos, como el oro
Lima, 13 de Mayo del 2024.- El director fundador de V&C Analistas, Dante Vera, manifestó que el 64% de mineros no formales ocupa concesiones de terceros. Así lo expuso durante el Jueves Minero denominado “Problemática de la minería a pequeña escala”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
En esa línea, indicó que, a la fecha, solo hay 11,500 mineros formalizados en la MAPE (Minería Artesanal y en Pequeña Escala) por vía ordinaria, y extraordinaria y temporal. Agregó que los informales en proceso de formalización alcanzan la cifra de 87,771, de los cuales el 71.4% o 62,684 aproximadamente cuentan con la condición de suspendidos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Solo el 28% está vigente o, es decir, 25,087.
“El problema es que los suspendidos gozan de todos los beneficios de aquellos que convocó el Estado para que se registren con beneficios legales”, apuntó. A renglón seguido, Vera detalló que no se conoce la cifra exacta de cuántos mineros ilegales existen en nuestro país, pero sí se sabe que al menos un 64% de estos operan en concesiones de terceros.
“Estos mineros ilegales están vinculados a organizaciones criminales transnacionales. Aproximadamente 1,200 están en concesiones de titulares que cuentan con autorización del Ministerio de Energía y Minas para operar”, expresó tras subrayar que estos operan en Pataz (La Libertad) y en Madre de Dios.
Propuestas
Para combatir a la minería ilegal y fomentar la formalización, Vera consideró que “policializar”, “militalizar”, o declarar en estado de emergencia no es una medida adecuada, si es que no se comprende previamente el mecanismo que usan las organizaciones criminales para extraer el oro. “Lo que buscan es sacar a la empresa de la zona. Seguirán atacando hasta que el inversionista se canse”, refirió.
Bajo esa premisa, destacó que se necesita una política que reafirme el valor de la MAPE responsable, competitiva y sostenible como factor de desarrollo territorial y regional. “Requerimos de un pacto nacional. Separar la minería informal de la ilegal. Formalizar la MAPE y las brechas sociales es la mejor estrategia para reducir y eliminar la minería ilegal criminal. De esta manera, se ayudarán a destrabar las inversiones del sector”, finalizó.
