Domingo, 22 de Diciembre del 2024
Lima, 03 de Enero del 2024.- El año 2023 ha sido un año muy malo para el sector construcción que, hasta noviembre, había experimentado una contracción de casi 9%, explicó Guido Valdivia, director ejecutivo de la CAPECO, durante la presentación del Informe Económico de Construcción N°72.
Sin embargo, para el 2024, tanto el BCRP como las consultoras económicas privadas y los empresarios de la construcción entrevistados recientemente por CAPECO prevén un “rebote” del PBI sectorial que se situaría entre el 3% y el 4%, que no alcanzaría para revertir la fuerte contracción que se padeció durante el presente año, en el que los resultados negativos se presentaron todos los meses.
Algunas condiciones favorables dan sustento a este pronóstico relativamente optimista: la previsión de que el Fenómeno El Niño tendrá una intensidad leve o moderada, los precios de materiales de construcción tenderán a ajustarse a la baja, las tasas de interés también experimentarán una reducción, la inversión minera muy probablemente se recupere y se incrementará la puesta en marcha de proyectos mediante asociaciones público-privadas (APPs) a cargo de Proinversión.
Para CAPECO, empero, la performance que finalmente alcance la construcción el próximo año, dependerá de las decisiones que tome el gobierno nacional, sobre todo aquellas que conciernen a la producción de vivienda social y a la ejecución de obras públicas convencionales. Lamentablemente, hasta el momento, el Ejecutivo no da señales claras de ir en el sentido correcto, por lo que existe un alto riesgo de que se produzca una sensible reducción en las ventas de viviendas el próximo año y de que se mantenga la ineficiencia en la inversión pública.
De otro lado, para que la actividad constructora sea sostenible en el mediano y largo plazo, se requiere una reforma integral de la gestión estatal, que priorice adecuadamente las inversiones a efectuar, que reduzca drásticamente la corrupción y la informalidad en la construcción, que garantice la calidad y eficiencia de las infraestructuras y equipamientos públicos y que impulse la inversión privada en el sector.
¿Cómo recuperarse de la caída de la construcción del 2023?
La recuperación del sector construcción exige correcciones urgentes en la gestión de las políticas de vivienda y de obra pública. A pesar de los ofrecimientos del gobierno, hasta ahora no están asegurados los recursos suficientes para financiar el Bono del Buen Pagador – BBP del programa Mivivienda. “Se necesitarían alrededor de 300 millones para superar el récord de 13 mil 500 operaciones desembolsadas en el 2023. El Ministerio había ofrecido 200 millones, que no alcanzarían para igualar las 11 mil 500 viviendas financiadas en el presente año. Pero, a la fecha, solamente hay el compromiso – no la certeza – de asignar 100 millones”, precisó el director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia.
De otro lado, todavía no se actualizan los precios máximos de las viviendas a financiar con los programas Mivivienda y Techo Propio, ni los valores de los subsidios que se aplican para cada uno de estos programas. En tercer lugar, continúa la incertidumbre respecto a la aplicación del Código de Construcción Sostenible a los proyectos acreditados por Mivivienda Verde y acerca del fondeo para las viviendas con precios por encima de 350 mil soles (el llamado Rango 5), puesto que no se tiene certeza de que las instituciones financieras podrán sustituir totalmente a Mivivienda S.A. en la atención de la demanda de este segmento del mercado en un plazo razonable.
En cuanto al programa Techo Propio, las instituciones financieras cada vez otorgan menos créditos para la adquisición de vivienda nueva. De otro lado, la nueva propuesta de Mivivienda S.A. para el fideicomiso que permita el financiamiento no bancario para este propósito no es técnicamente viable.
De acuerdo con Valdivia, también se sigue incrementando la paralización de obras públicas y se mantiene la ineficiencia en la ejecución de los presupuestos de inversión. En el mercado de vivienda, se requiere recuperar la confianza de promotores, instituciones financieras y ciudadanos en la viabilidad de los programas. En las obras públicas convencionales, se debe evitar más paralizaciones y afectar a contratistas, proveedores y beneficiarios. Por último, en el desarrollo de proyectos de APPs e mineros es necesario asegurar la “licencia social” de proyectos en marcha.
