Jueves, 21 de Noviembre del 2024
Hace algunos días, el Ministro de Economía y Finanzas, presentó una nueva iniciativa, el llamado Plan Unidos, que contenía 25 medidas (“balas de plata” las denominó el ministro) para “volver a confiar en el Perú” y enfrentar “los grandes retos” del país bajo la fórmula de la “unión” y de “mucha coordinación multisectorial”.
Al respecto, Guido Valdivia comentó, en la presentación del Informe Económico de la Construcción #71, que “es indispensable restaurar la confianza de empresarios, inversionistas y ciudadanos en la viabilidad de la reactivación de nuestra economía y en la capacidad del aparato estatal para impulsarla”.
El director también explicó que “es muy difícil medir el impacto neto del Plan Unidos y organizar las metas de cada componente en el tiempo. Será por eso que la respuesta inicial al plan no ha sido precisamente de entusiasmo, lo que ha motivado que el ministro Contreras exhorte a los empresarios a abandonar “el pesimismo absurdo que está generando retraso al país”.
Por otra parte, Valdivia lamentó que el gobierno de la presidenta Boluarte no ha logrado todavía superar varias de estas limitaciones: un aparato estatal ineficiente, la corrupción no mitigada, las organizaciones criminales que han infiltrado el aparato gubernamental, la crisis política no superada, la crisis económica y el distanciamiento no superado del Gobierno Nacional con algunas regiones y la insuficiente preparación antes el Fenómeno El Niño.
A la luz de los hechos recientes, la necesidad de consenso es más evidente, el Perú necesita salir de esta larga crisis que hoy parece profundizarse y el diálogo resulta indispensable.
En ese sentido, es indispensable la asignación de recursos para financiar el Bono del Buen Pagador para el año 2024, como fue ofrecido por el gobierno. “La falta de financiamiento, inicialmente estimado en 200 millones de soles, impide el acceso a la vivienda de no menos de 10 mil familias, al empleo formal a 60 mil trabajadores (directos e indirectos) y la concreción de 3,000 millones de soles en inversión privada. La demora en contar con estos recursos afecta la credibilidad de la política de vivienda y la sostenibilidad de Mivivienda S.A.”, sostuvo Valdivia.
También, señaló el director ejecutivo que es necesario que el Ministerio de Vivienda y las municipalidades puedan llegar a un acuerdo para desarrollar proyectos de vivienda social, en el marco de la sentencia del Tribunal Constitucional que, en teoría, resolvió la controversia entre ambos niveles de gobierno. “Esto es más necesario que la iniciativa incluida en el Plan Unidos para que las licencias de obra se entreguen en 30 días. De nada sirve reducir el plazo de este trámite, si luego las licencias son suspendidas o anuladas”, agregó.
