Viernes, 22 de Noviembre del 2024
Lima, agosto 2023.- En su último Informe Económico de la Construcción, CAPECO indica que la retracción de la inversión arrastra a la construcción en 2023. De acuerdo con la más reciente medición efectuada por el INEI, el producto bruto de la actividad constructora se contrajo 4.1% en el mes de junio de 2023, acumulando seis meses consecutivos en negativo. Este resultado es consecuencia de una baja de 10.6% en el consumo de cemento, lo que ocurre ininterrumpidamente desde setiembre 2022.
Al cierre del primer semestre de este año, la construcción acumuló una reducción de 9.0%, su peor performance desde el -42.1% que tuvo lugar en el 2020, en plena crisis por la emergencia del COVID. Con estas cifras, este sector ocupa el segundo lugar entre las actividades productivas que más se retrajeron.
Las empresas que conforman el Panel de Expectativas del IEC señalan en la encuesta exclusiva realizada por CAPECO, en agosto de este año, que sus niveles de operación se redujeron en 2.5% el tercer bimestre del presente año, en relación con igual bimestre del 2022.
Los tres segmentos presentaron resultados negativos, a pesar de que, en la medición de hace dos meses, los proveedores proyectaban un ligero crecimiento (1.3%) para el tercer bimestre y en realidad sufrieron una contracción de 1.1%. Para el cuarto bimestre, los empresarios entrevistados pronostican que sus niveles operativos continuarán a la baja, pero con una intensidad menor (-1.0%), no presentándose diferencias significativas en los tres segmentos.
CAPECO proyecta que el PBI sectorial sufrirá un nuevo descenso en julio, esta vez de 4.9%, a consecuencia de una nueva baja en el consumo de cemento (-6.5%) y de la ejecución de obra pública (-0.4%). De confirmarse estas tasas negativas, el sector acumularía una disminución de 8.4% entre enero y julio del 2023 y de 2.5% en el periodo anual que va de agosto 2022 a julio 2023. Con estos resultados, para alcanzar la meta de crecimiento sectorial nulo al cierre del presente año por el BCRP en su Reporte de Inflación de junio, la actividad constructora debería aumentar un promedio de 9.3% en los últimos cinco meses del año. En este contexto, cada vez es más probable que la construcción experimente una contracción en el 2023. (Ver ANEXO 1)
Pasando a un ámbito más positivo, CAPECO informa que la inversión pública continúa en crecimiento. Al cierre del séptimo mes del año se ejecutaron 20 mil 347 millones de soles del presupuesto institucional modificado (PIM) destinado a inversiones públicas en los tres niveles de gobierno para todo el 2023. Ello implica un aumento de 11.8% respecto al mismo periodo del año pasado, aunque en los gobiernos locales –que concentran casi dos de cada cinco soles presupuestados– se presenta una contracción de 11.7%. “Como se ha indicado en ediciones anteriores del IEC, este desempeño favorable de la construcción pública se ve mediatizado por la poca eficiencia en la ejecución”, expresa Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio.
En cuanto a la inversión privada, el Instituto Peruano de Economía – IPE tasó en 11% la contracción de este indicador en el primer semestre del presente año y, aunque considera que se recuperará entre julio y diciembre, el año terminará con una disminución de 7.5% respecto al 2022. (Ver ANEXO 2). “Lamentablemente, los resultados alcanzados por los diferentes segmentos del sector construcción reflejan este deterioro de las perspectivas sectoriales para el presente año, reflejando que todos los segmentos de la construcción se contraerían en 2023”, asegura Valdivia. (Ver ANEXO 3)
El último IEC de CAPECO concluye que el panorama para la inversión, tanto pública como privada, y para el sector construcción es muy complicado. Lo más probable es que el comportamiento negativo experimentado en estos rubros durante los primeros siete meses del año continúe hasta fin de año. “La intensidad de la contracción podría variar, dependiendo de la magnitud y oportunidad del Fenómeno El Niño y de la celeridad que el gobierno de la presidenta Boluarte ponga en marcha con medidas para afianzar el mercado inmobiliario, en particular el de vivienda social; además de su capacidad para recuperar eficiencia, integridad y calidad en la gestión de infraestructuras y equipamientos estatales”, indica Guido Valdivia.
Respecto al reciente relanzamiento del Fondo MiVivienda, CAPECO encuentra aspectos para resaltar y otros para seguir mejorando. “Si continuara la tendencia de colocación de los créditos hipotecarios financiados por los Créditos MiVivienda que se presentó en los siete primeros meses del año, se terminaría el 2023 con una disminución de 23.6%”, explica Valdivia. “En el relanzamiento del Fondo MiVivienda no se señaló nada respecto a las trabas que están poniendo las municipalidades para la continuidad de proyectos VIS que se acogieron al Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación antes de la sentencia del Tribunal sobre la aplicación de esta norma, la cual ha sido interpretada por los gobiernos locales de manera antojadiza”, alerta el director ejecutivo de CAPECO.
“Tampoco se dijo nada sobre la entrada en vigencia del Código de Construcción Sostenible que, en buena cuenta, plantea mayores exigencias a las que regían en el Crédito Mivivienda Verde, el producto más exitoso del Fondo Mivivienda y la iniciativa de sostenibilidad que más rápidamente logró la adhesión de promotores, instituciones financieras y ciudadanos”, explicó.
Para CAPECO también preocupa que no se señale nada sobre la función del Operador Público de Suelo que fue asignada al Fondo Mivivienda a través de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. El gremio propuso que se constituya una nueva empresa pública, con un diseño organizacional y financiero muy distinto al del Fondo Mivivienda, que se haga cargo de la gestión del suelo estatal para promover la oferta formal de vivienda. “El MVCS parece ir por otro camino, también recorrido sin éxito anteriormente, de subastar terrenos ad-corpus y sin la lógica de integración urbana y social que está detrás de la figura del operador público de suelo”, alerta nuevamente Valdivia. Asimismo, CAPECO resaltó que no se conoce a ciencia cierta los fondos adicionales que se asignarán a programas de vivienda en lo que queda del año –para acercarse lo más posible a las metas de colocación de subsidios y créditos– y en el Presupuesto General de la República del próximo año.
Sobre las obras públicas y su problemática en el país, CAPECO considera que el gobierno nacional y el Congreso de la República parecen haber entregado a la ANIN un rol relevante a la aprobación de una nueva Ley de Contrataciones del Estado – LCE. “Sin embargo, hay una contradicción muy clara en tal estrategia, porque uno de los aspectos más notorios de la Ley que crea la ANIN es exonerar a esta entidad de la aplicación de la normativa de contratación pública”, indica Guido Valdivia. Para CAPECO, es fundamental tener una visión integral para atender los desafíos que abarcan las grandes obras públicas. “Sin esta visión integral que analice y encuentre soluciones definitivas a cientos de proyectos paralizados, postergados o mal ejecutados, y sin una voluntad política para llegar a acuerdos, ningún esfuerzo aislado como la ANIN o la nueva LCE tendrá un verdadero impacto”, señala el gremio (Ver ANEXO 5)
Sobre el Mensaje de Fiestas Patrias y la invitación al diálogo, para el gremio se extrañó en el mensaje un sentido de prioridad a todas las obras y proyectos anunciados. “Es prácticamente imposible que todos los ofrecimientos puedan cumplirse en el corto plazo y existan recursos suficientes para financiarlos”, aseguró Valdivia. Para la Cámara, la propuesta más ambiciosa del mensaje fue el ofrecimiento de convocar actores sociales al Acuerdo Nacional para trabajar de manera conjunta un plan de reformas políticas. “Es por eso que la Cámara ve con moderado optimismo esta iniciativa de la presidenta. En reciente conversación sostenida con el presidente del Consejo de ministros, CAPECO solicitó su incorporación al Acuerdo Nacional y le hizo notar la pertinencia de incluir dentro de la agenda de reformas, un conjunto de medidas destinadas a la modernización de la actividad constructora. También señaló que era muy urgente abordar aspectos puntuales de la problemática sectorial. El premier Otárola ofreció constituir una Mesa de Trabajo público-privada de la que formarán parte, además de la PCM, el Ministerio de Economía y las carteras vinculadas a la construcción”, finalizó.
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ANEXO 1
Una reciente medición realizada por Macroconsult en agosto corrigió a la baja su estimado de mayo, pasando de -5.1% a -6.7%. Esta consultora también redujo su perspectiva sobre el desempeño del PBI para el próximo año de 1.7% a 0.7%. Por su parte, el último sondeo efectuado a empresas del sector construcción, determina que sus niveles de operación se retraerán 3.3% el 2023 comparado con el 2022, siendo esta cifra relativamente más pesimista que la recogida para el IEC 66 (-2.8%).
ANEXO 2
CAPECO indica que, entre enero y julio del 2023, se ha invertido el 31.5% de los recursos disponibles, la misma cifra alcanzada en el 2021. De mantenerse esta tendencia, a fin de año se habrían dejado de utilizar alrededor de 19 mil 400 millones de soles. En segundo término, la capacidad ejecutora del Estado también se pone en cuestión por el incremento sostenido de las obras paralizadas que, al mes de junio del 2023, afecta a 1,826 proyectos que tienen inmovilizados un monto de 24 mil noventa millones de soles, de acuerdo a un reciente reporte de la Contraloría General de la República.
En junio, el BCRP calculó que la inversión pública cerraría el año con una subida de 1.5%, en contraste con las previsiones efectuadas por cuatro de cinco consultoras privadas que apuntan a una contracción que oscila entre el -0.6% y el -5.3% (cifra proyectada por Macroconsult en agosto, cuando en mayo había estimado -3.4%).
Sobre el sector privado, Macroconsult prevé una caída de 8.3% en la inversión privada al cierre del 2023. Estas dos estimaciones, a la par que corrigen sensiblemente hacia la baja sus pronósticos previos, se alejan del -2.5% que había proyectado el instituto emisor en junio. Para el 2024, en la edición anterior del IEC, registró un amplio consenso entre las estimaciones privadas y la del BCRP respecto a un leve crecimiento de este indicador, que oscilaba entre un máximo de 2.2% y un mínimo de 0.6%. Esta última cifra era la de Macroconsult, que en agosto la redujo a -0.8%.
ANEXO 3
Sobre los resultados por cada segmento, CAPECO detalla lo siguiente:
Por su parte, la venta de viviendas nuevas en Lima Metropolitana se redujo en 11.0% en el primer semestre del 2023 respecto a igual periodo del año precedente, según el más reciente reporte de la Plataforma del Mercado de Edificaciones Urbanas – PME CAPECO. El segmento Mivivienda fue el que experimentó una menor caída en las ventas (-4.9%), mientras que las de vivienda no social disminuyeron en 12.2% y las del segmento Techo Propio lo hicieron en 75.6%. De otro lado, los niveles de venta crecieron en Lima Norte (3.1%) y en El Callao (52.3%), prácticamente se mantuvieron constantes en Lima Top, mientras que cayeron a ritmo de dos dígitos en los demás sectores urbanos de Lima, siendo Lima Moderna y Lima Este las que sufrieron las mermas más significativas: 21.4% y 20.5%, respectivamente. Como consecuencia de ello, el mercado de vivienda nueva en Lima Top y Lima Moderna se encuentra en una situación de relativa sobre-oferta.
Las dificultades que viene atravesando el Fondo Mivivienda – que se analizarán más adelante- están afectando su capacidad para mantener el ritmo de colocaciones en los últimos meses. En efecto, durante el mes de julio se otorgaron 705 préstamos, la cifra más baja de los últimos seis años, si no se considera los primeros seis meses de la pandemia y los periodos en que Mivivienda se quedó sin recursos. La performance de julio es 28% inferior que la de junio y menos de la mitad que la de julio del 2022. Este indicador ha acumulado tres meses consecutivos a la baja.
Otro indicador indirecto de la contracción de la construcción no formal es el precio del ladrillo de arcilla, insumo de ese extendido en ese sub-sector productivo. De acuerdo con el INEI, esta cifra decreció 10.2% en julio de este año respecto a igual mes del 2022 y 12.6% en comparación con noviembre del 2021, mes en que el ladrillo alcanzó su mayor precio desde el inicio de la pandemia, habiéndose incrementado en 53.8% entre marzo 2020 y noviembre 2021.
En julio, además de la disminución ya señalada en el precio del ladrillo de arcilla (10.2% respecto a igual mes del 2022), también bajó el del acero (18.2%). Por el contrario, subieron los del cemento (6.3%) y la loseta (2.6%). Respecto al mes de junio, cayeron los precios del acero (4.3%), cemento (1.5%) y ladrillos (1.0%), mientras que el de las losetas de cemento no experimentó variación alguna. El costo de la mano de obra se ha mantenido constante en julio respecto a junio y apenas ha subido 0.4% comparado con julio 2022, pero debe señalarse que, en la actualidad, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP y CAPECO vienen negociando los aumentos salariales que regirán retroactivamente desde junio 2023.
Los precios por metro cuadrado de las viviendas nuevas se incrementaron en 4.1% al cierre del segundo trimestre del 2023 respecto a igual periodo del año anterior, de acuerdo con la PME – CAPECO, aunque en Lima Centro el aumento fue de 0.7%, en Lima Top de 0.9% y en Lima Moderna de 2.3%. En El Callao se presentó una leve contracción de 1.9%, en tanto que las zonas emergentes de la capital experimentaron tasas más altas de inflación en los precios por metro cuadrado. En relación con el primer trimestre del presente año, los precios se han reducido en 0.5%, aunque en El Callao la disminución fue mayor (4.3%) que en Lima Moderna (1.1%) y Lima Top (0.8%).
Por su parte, la credibilidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se mantiene en niveles mínimos. De acuerdo con un estudio de IPSOS efectuado en agosto, la gestión de la presidenta Boluarte es respaldada por el 14% de los ciudadanos (el mismo porcentaje desde junio); la del Congreso de la República por el 10% (1 punto porcentual más que en julio); y la del poder Judicial por el 19% (el mes pasado fue 18%).
ANEXO 4
Sobre las principales iniciativas que conforman la estrategia de relanzamiento del Fondo MiVivienda, CAPECO indica lo siguiente:
Sin embargo, es indispensable tomar medidas adicionales como la creación de instancias independientes de evaluación de proyectos y de los alcances de los fideicomisos, así como una verificación previa del modelo operativo de las instituciones financieras no supervisadas que deberá efectuar la Superintendencia de Banca.
Se trata de una iniciativa que CAPECO siempre apoyó y que se concretó en setiembre del 2018, con la dación de la Ley Nº 30848. Lamentablemente, nunca se puso en práctica porque en el reglamento de la Ley se dispuso que los recursos de los gobiernos regionales y locales sean transferidos a Mivivienda S.A. Para que este planteamiento funcione, los gobiernos subnacionales deberán destinar sus fondos al financiamiento de sus propios programas de vivienda y desarrollo urbano, en el que podrán otorgar subsidios directamente y no a través del gobierno central. Mivivienda, o en su defecto el Ministerio de Vivienda, deberá desarrollar un adecuado seguimiento para asegurarse que estos programas se alineen con la política nacional y que los recursos se empleen de manera transparente y eficiente.
En esa línea, la meta planteada por Mivivienda es poco ambiciosa y recuerda a los problemas que se tenía al inicio del Crédito Mivivienda en que los niveles de colocación eran bajísimos, pese a que la mayoría de los bancos contaba con líneas de crédito aprobadas por Mivivienda. Es evidente que se necesita trabajar estrechamente con estas instituciones para identificar y abordar las dificultades que enfrentan para regresar de manera consistente a este segmento del mercado. En Chile, por ejemplo, para incentivar el otorgamiento de préstamos de montos reducidos, se implementó un subsidio al origen de los créditos.
Además, desde hace mucho tiempo se viene discutiendo sobre la posibilidad de que fondos de inversión inmobiliaria -entidades reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores- puedan participar activamente en el mercado hipotecario, en particular para asegurar un fondeo continuo a las cajas municipales y otras entidades microfinancieras. Por último, es urgente diseñar un producto hipotecario para la modalidad de Construcción en Sitio Propio del programa Techo Propio.
En otros países, estas personas acceden a otro tipo de programas como el subsidio para el arrendamiento de vivienda, el mejoramiento del barrio donde residen o, en caso extremo, el subsidio de cerca del 100% del precio de la solución habitacional.
Peor aún, para financiar estos subsidios y créditos, Mivivienda ha decidido dejar de financiar la adquisición de viviendas con precios entre 343,900 y 464,200 nuevos soles (el llamado Rango 5) y reducir en 3,500 soles el subsidio a aquellas cuyos precios oscilan entre 232,200 y 343,900 soles (Rango 4). Se trata de dos medidas inoportunas (porque se dan en el momento en que Mivivienda ha alcanzado una significativa presencia en la atención de estos segmentos del mercado) y contraproducentes (porque dada la concentración de oferta en estos segmentos, lo más probable es que se reduzcan las ventas en los rangos 4 y 5 pero no se coloquen viviendas en los segmentos vulnerables a los que se desea atender). Cabe señalar que, en el pasado, se intentaron tomar medidas similares y los resultados fueron catastróficos para la vivienda social.
No puede dejar de mencionarse que el sector de vivienda social ha venido siendo afectado por un incremento en los costos de construcción –lo que ha presionado hacia arriba los precios de venta– y por la reducción de los ingresos de las familias, en particular en los sectores socioeconómicos medios y emergentes. En esas circunstancias, lo recomendable es subir los topes máximos de vivienda a financiar e incrementar temporalmente los subsidios. En buena cuenta, lo contrario a la propuesta de Mivivienda.
ANEXO 5
Sin perjuicio de que resulta razonable que una entidad del nivel central, técnicamente solvente y autónoma en su gestión, se haga cargo de obras de magnitud y complejidad relevantes, CAPECO ha hecho hincapié en una reforma de más largo alcance que incluya (i) la implementación de un potente modelo de planificación territorial y sectorial; (ii) la revisión del proceso de descentralización; (iii) la puesta en marcha de un nuevo sistema de planeamiento y priorización de la inversión pública, (iv) el fortalecimiento y la profesionalización del empleo público vinculado con la gestión de compras y de infraestructuras; (v) la modernización de los sistemas de contratación y control del Estado; (vi) el cambio en el modelo de gestión de presupuestos públicos para asegurar el adecuado mantenimiento y que las infraestructuras puedan operar eficientemente durante toda su vida útil; y (vii) el establecimiento de mecanismos institucionalizados de relación entre el Estado y la sociedad civil organizada.
La necesidad de una visión integral para atender estos desafíos queda evidencia cuando se conocen casos concretos como:
