Informe Económico de la Construcción (IEC) #62 – Febrero 2023
Lima, 23 de Febrero del 2023.- El mortífero sismo que ha devastado partes de Turquía y Siria, causando miles de muertos y la destrucción de cuantiosas edificaciones, ha coincidido con el inicio de la temporada de lluvias que ha cobrado sus primeras víctimas en la localidad arequipeña de Secocha. Para CAPECO estos eventos recuerdan la vulnerabilidad de nuestro país frente a los embates de la naturaleza, potenciada por los altos niveles de informalidad –que en no pocos casos linda con la ilegalidad– de las actividades productivas y de los asentamientos humanos.
El ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO, comenta que “el Perú es un país en emergencia permanente, por lo que se requiere poner énfasis en prevenir y mitigar los posibles impactos con anticipación y no en reaccionar cuando los desastres ya ocurrieron”. Como respuesta a este desafío, el gremio propone una Estrategia Integral con cinco líneas de acción para la modernización de las ciudades peruanas y la transformación del territorio nacional: la planificación urbana y territorial, la gestión eficiente de infraestructuras, la optimización de la estrategia de ocupación de suelo, el diseño de un nuevo modelo de gestión del agua y la atención oportuna de emergencias (Anexo).
El gremio constructor considera otra emergencia todavía irresuelta: la derivada de la crisis política que se ha ido escalando desde hace varios años y que se agravó con el intento de golpe de estado que perpetró Pedro Castillo. En 2022 la actividad económica, la inversión y el empleo tuvieron resultados ligeramente mejores a los que se esperaban, pero el 2023 no se presenta muy auspicioso. El sector construcción terminó el 2022 con un crecimiento de 3.0% en comparación con el año precedente, acumulando diez meses sucesivos en subida, de acuerdo con la reciente estimación del INEI. El consumo nacional de cemento experimentó una contracción de 0.7% en tanto que el avance de obra pública subió en 15.0%.
CAPECO estima preliminarmente que, el PBI de la construcción se habría contraído 11.9% en enero del 2023. Según el gremio este sería el peor performance desde el -12.8% de julio 2020, producto de una fuerte caída en el consumo de cemento (-14.7%) y a pesar de que la obra pública tuvo un importante avance en términos porcentuales (+16.5%), debido a que la ejecución en enero 2022 fue mínima.
Para el gremio, estas cifras indican que la construcción privada sería la más afectada. En efecto, las empresas del sector entrevistadas para el presente reporte del IEC 62 de CAPECO han reportado una disminución de 3.7% en sus niveles de operación durante el primer bimestre del presente año, tendencia que han experimentado los tres segmentos de la actividad constructora: -4.8% en infraestructura, -4.3% en inmobiliaria y -1.9% en el de proveedores. “Para el segundo bimestre, se espera una subida de apenas 0.2% en promedio, previéndose una baja de 3.7% en el segmento inmobiliario mientras que en los otros dos se proyecta un incremento superior al 2%”, sostiene Valdivia.
Respecto a viviendas, CAPECO informa que el 2022 se concedieron 39,895 préstamos hipotecarios, lo que implica una contracción de 19.4% en comparación al 2021. Sin embrago, mientras que los créditos desembolsados por instituciones financieras con sus líneas de crédito se redujeron en 28.0%, los del Fondo Mivivienda se incrementaron en 4.9%. Además, el crédito promedio de las operaciones financiadas por Mivivienda se situó en 166 mil 270 nuevos soles, una subida de 19.5% respecto al periodo anual previo.
“Es importante remarcar que el Fondo Mivivienda alcanzó un 33.9% de participación sobre el total de operaciones hipotecarias desembolsadas en el 2022 y un 17.1% respecto del monto total concedido por dichas operaciones. En el año 2018, esas proporciones eran 20.9% y 8.7%, respectivamente, lo que refleja el dinamismo que ha alcanzado el crédito para la vivienda social en el último quinquenio”, añade el director ejecutivo de CAPECO.
En esa línea, el gremio considera que este año las ventas de viviendas en el segmento no social dejarían de caer y que los programas de vivienda social podrían alcanzar nuevos récords de operación si es que se les dota de recursos suficientes, para lo cual existe aparentemente voluntad del gobierno. “Sin embargo, la reticencia de un grupo creciente de municipalidades capitalinas hacia la vivienda social, bajo el pretexto de mantener la ‘residencialidad’ en sus distritos, constituye la principal barrera para el sector inmobiliario en el 2023 y además una inaceptable discriminación que perjudica incluso a parte de sus actuales vecinos”, comenta Valdivia. Para CAPECO es urgente que el Ministerio de Vivienda actúe con apertura, pero con firmeza, para evitar que las metas de sus programas habitacionales no se cumplan por causa de conflictos en la aplicación de la normativa promotora de la vivienda de interés social.
La persistente incertidumbre política, el alza de las tasas de interés, el crecimiento de los precios de los materiales de construcción (3.4% en el semestre setiembre 2022 – febrero 2023, según la encuesta del IEC) pueden estar afectando la dinámica de este segmento del mercado de la construcción.
Finalmente, CAPECO insiste en necesidad de replantear modelo de descentralización y optimizar la gestión estatal. El gremio se opone a la re-creación del mega-ministerio de Obras Públicas. “En la edición anterior del IEC se plantearon propuestas para modificar radicalmente el modelo de descentralización, lo que no implica quitarles competencias a las regiones y a las municipalidades para restituírselas al gobierno central. Es un grave error suponer que se van a resolver estos problemas concentrando la ejecución de obras públicas en un mega-ministerio de Obras Públicas o encargándosela a gobiernos extranjeros. Es amplia y compleja la agenda que se debe implementar para superar los desafíos políticos, sociales y económicos que han convertido al Perú en un país en emergencia permanente”, finaliza el representante de CAPECO, gremio que considera perentorio que los actores políticos y sociales busquen un acuerdo para diseñar sus alcances y el proceso a seguir para llevarla a la práctica.