Lunes, 29 de Abril del 2024 
Se ha iniciado la temporada de lluvias en la zona sur y sierra central del Perú, lo que pone en alerta a las poblaciones, sobre todo por el riesgo inminente de huaicos e inundaciones. Lo ocurrido, por ejemplo, en Arequipa (Camaná) pone en evidencia la falta de infraestructura para hacer frente a estos eventos y reducir los efectos de estos desastres naturales.
Entre 2003 y 2021 se registraron 105 897 emergencias que dejaron 20 millones de víctimas con daños personales (muertos, heridos, desaparecidos, damnificados o afectados), alrededor de 2 millones de daños en viviendas y más de 3 millones de hectáreas de cultivo afectadas.
Al respecto, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) hace un llamado a los poderes públicos para priorizar la implementación de proyectos de infraestructura, medidas de planificación, de ordenamiento territorial y de ejecución de recursos, que reduzcan los efectos de las inundaciones, deslizamientos y huaicos. Por lo que estos, también, afectan el buen funcionamiento de los servicios públicos (agua y electricidad, por ejemplo).
Considerando que el Estado tiene una baja capacidad de respuesta y ello se refleja en algunas cifras: solo 71 entidades de los tres niveles de gobierno cuentan con evaluadores de riesgo y solo cuatro ministerios (Ambiente, Cultura, Educación y Vivienda) han aprobado normativas y/o metodologías orientadas a la evaluación de riesgos en los servicios públicos.
“Es necesario que el Estado trabaje de manera conjunta con las empresas privadas para el desarrollo de iniciativas que mitiguen los riesgos asociados a estos desastres. Desde AFIN creemos que el sector privado puede jugar un papel clave en la implementación de soluciones innovadoras y sostenibles que permitan a las diferentes regiones a prepararse ante los desafíos que plantean estos fenómenos climáticos”, señala Leonie Roca, presidenta de AFIN.
Es notorio que hace falta infraestructura resiliente, por ello es importante que se incorporen los factores relacionados a desastres naturales en la planificación de las inversiones. Ello implica, en cada proyecto, evaluar un espectro de riesgos potenciales asociados al cambio climático y elegir la mejor estrategia de gestión de riesgos (reducción o transferencia), y el mecanismo financiero para llevarla a cabo.
En esa línea, la organización sugiere que el Estado y los Gobiernos regionales consideren la implementación de proyectos que permitan el fortalecimiento de los sistemas de drenaje y la construcción de presas, que logren controlar y mitigar los efectos de las lluvias intensas y las inundaciones. Además, se hace necesario considerar la inversión en tecnologías y sistemas de monitoreo que aporten en una gestión eficiente y oportuna de las emergencias ante los fenómenos climáticos.
Además, de Arequipa, en Lima (Yauyos), en Moquegua y Ucayali también se han registrado daños en viviendas, carreteras y terrenos de cultivo a consecuencia de los huaicos. SENAMHI ya ha pronosticado lluvias intensas y moderadas en diferentes regiones del país. Y se ha detectado a Puno, Áncash, Cusco y Huánuco como las regiones más vulnerables.
AFIN hace un llamado al gobierno central y gobiernos regionales a considerar la importancia de implementar medidas eficaces para reducir los riesgos asociados a las inundaciones y huaicos en el país. “La colaboración entre el Estado y las empresas privadas es esencial para promover proyectos en beneficio de la población. Y muy necesario es trabajar en la prevención, detectar las zonas de determinadas regiones que requieren los proyectos para hacer frente a posibles riesgos”, finaliza la presidenta de AFIN.
