Lunes, 23 de Diciembre del 2024
Lima, 10 de Noviembre del 2022.- El lunes 9 de Noviembre la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el dictamen que plantea ampliar a 10 años la vigencia el pasaporte electrónico. Durante el debate, se precisó que Perú pertenece al 5% de países que emiten pasaportes electrónicos con una vigencia de solo 5 años, en comparación de la tendencia mundial a 10 años.
Si bien el dictamen aún debe pasar por el Pleno del Congreso, ya ha recibido diversos comentarios y críticas.
Para el ex superintendente de Migraciones, Boris Potozén, el dictamen introduce una medida de tipo legislativo en un proceso que debería ser a iniciativa de la Superintendencia de Migraciones, que es la entidad técnica sobre la materia. Asimismo, el Congreso estaría modificando aspectos que son de competencia del Poder Ejecutivo, afectando el principio constitucional de separación de poderes.
Por otro lado, mencionó que la crisis de pasaportes no necesariamente tiene que ver con cambiar características de las libretas. “Si bien el plazo de vigencia del pasaporte es un tema importante a considerar, la actual crisis pasa por problemas en la gestión operativa y de abastecimiento oportuno”, sostuvo. Asimismo, cualquier actualización tecnológica o de características físicas, deben ser conducidos como procesos técnicos y alineados a estándares internacionales.
Agregó que las malas decisiones de gestión en Migraciones están motivando al Congreso a invadir competencias y sentar precedentes negativos que puedan afectar procesos técnicos, generando impactos contraproducentes en las personas que viajan.
Respecto al anuncio de la compra de 800 mil pasaportes, Potozén indicó que es tardía y será insuficiente para resolver el problema de demanda actual. “Si Migraciones estima que se deben atender 3,000 personas por día y apenas se pueden tramitar alrededor de 900 citas por día ¿cómo se tramitan las 2,100 restantes diarias? Si esto es cierto, se debe estar agotando los 700 mil pasaportes que adquirió la gestión de Silvestre en 2021”, dijo.
Por último, manifestó que el proyecto omite realizar un análisis del impacto económico financiero de los recursos que se dejarían de percibir por la medida. Esto debido a que se difiere por el doble de tiempo la percepción de ingresos (de 5 a 10 años). En esa línea, este aspecto no ha sido materia de opinión por las entidades consultadas y tampoco ha sido cuantificada. Recordó que el Tesoro Público no financia con recursos ordinarios estas actividades, por lo que no hay cobertura para el déficit que se generará.
