Lunes, 23 de Diciembre del 2024
Lima, agosto del 2022.- La actividad constructora ha terminado el primer semestre del 2022 con un crecimiento acumulado de 1.3%, pese a que se esperaba llegar con 0.0% de incremento a la mitad del año, de acuerdo al Informe Económico de la Construcción – IEC # 56, presentado por la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO. Incluso, el reporte proyectó un aumento del producto sectorial en 2.4% también en el mes de julio. Paralelamente, se ha profundizado el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la erosión de la capacidad del aparato estatal para proveer bienes públicos y la desconfianza de los actores económicos y de los ciudadanos en los principales líderes políticos y en la marcha de la economía.
En este escenario, las perspectivas para la construcción y para la inversión hacia el fin de año siguen siendo negativas. Los empresarios de la construcción entrevistados para esta edición del IEC, consideran que sus operaciones se contraerán 0.9% en el 2022. La modificación de las reglas sobre tercerización y relaciones laborales que ha emprendido el gobierno nacional solo desalentará la inversión y provocarán mayor precariedad en el empleo.
Por el lado de la vivienda, la insuficiencia de recursos para subsidios va a provocar una reducción de 12% en el número de viviendas sociales promovidas. Para CAPECO, se ha perdido una excelente oportunidad de utilizar la política habitacional como factor clave de una estrategia contra-cíclica de generación de empleo y reactivación económica.
La inversión pública ha crecido un 2.8% entre enero y julio del 2022, pero en esos siete meses del año, los diferentes niveles de gobierno apenas han ejecutado el 30% del total de recursos presupuestados y, de otro lado, cada vez es más evidente la baja calidad e imprevisibilidad de la gestión pública de obras: a junio del presente año, se encontraban paralizadas más de 2,300 obras que superan más de 29 mil millones de soles.
De acuerdo con los resultados del sondeo de expectativas efectuado por CAPECO, los precios de las viviendas crecerían 8.1% en el 2022 y los de los materiales de construcción lo harían en 7.3%, lo que podría afectar la sostenibilidad de los programas de vivienda, la estabilidad financiera de los contratistas del Estado y los niveles de inversión tanto pública como privada.
Para CAPECO, es necesario encarar simultáneamente la búsqueda de un acuerdo amplio para la superación de la crisis política, la implementación de medidas urgentes para evitar que continúe el desmanejo del aparato público y la puesta en marcha de una agenda legislativa de reforma. En el caso del sector construcción, la aprobación de una nueva Ley de Contrataciones del Estado – LCE y de una Ley de Financiamiento Habitacional – LFH resultan prioritarias y urgentes.
En el caso de la LCE, el gremio constructor insiste en la necesidad de modificar radicalmente el actual sistema de gestión de infraestructuras y equipamientos públicos porque es obsoleto, ineficiente y permeable a la corrupción. El informe pasa revista a los seis mecanismos que se emplean en el país para contratación de obras públicas y describe una serie de oportunidades de mejora que se incluirán en la propuesta legislativa que CAPECO viene trabajando junto con otras entidades representativas del sector construcción. El director ejecutivo de la Cámara, Guido Valdivia, anunció que la presidenta del Congreso, Lady Camones, ha dado a conocer su disposición de constituir un Grupo de Trabajo en el Parlamento para diseñar, junto con el Poder Ejecutivo y entidades representativas de la sociedad civil, el nuevo sistema de contratación y gestión de obras públicas.
En cuanto a la LFH, el informe señala que la reducción sistemática del déficit habitacional en nuestro país solo podrá lograrse si es que se incrementa sustantivamente el presupuesto de subsidios habitacionales. “Entre el 2015 y el 2022, se asignaron un promedio de 1,200 millones de soles anuales para otorgar un promedio de 47 mil bonos de vivienda. En el mismo periodo, en Chile se desembolsaron 248 mil subsidios por año invirtiendo 2,884 millones de dólares”, afirmó Valdivia.
La propuesta de Ley de Financiamiento Habitacional que prepara CAPECO, pretende fijar reglas claras para todos los programas estatales de vivienda y desarrollo territorial, tanto en áreas urbanas como rurales, así como el mejoramiento integral de barrios, asegurando además la sostenibilidad de los recursos presupuestales que se les asignen para el otorgamiento de subsidios y créditos habitacionales, con la finalidad de alcanzar los niveles de inversión requeridos para construir 2 millones 100 mil viviendas y recuperar integralmente los 10 000 barrios marginales existentes en las 43 ciudades más grandes del país en un plazo de quince años. La LFH que prepara CAPECO, contiene diez iniciativas específicas para alcanzar estos objetivos.
