El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres, informó que en vista de que las clases escolares podrían desarrollarse también de manera virtual este año, no debería producirse un incremento en el costo de las pensiones, pues las instituciones educativas ahorran mucho dinero al no brindar el servicio de manera presencial.
En ese sentido, dijo que la Aspec propondrá que el Ministerio de Educación complete la norma que expidió el año pasado, referida a las matrículas y que establecía que una parte del monto destinado para este fin, sea devuelto a los padres de familia, porque cuando se decreta el confinamiento el 15 de marzo, muchos colegios no habían iniciado las clases y en otros casos, muchos padres decidieron no enviar a sus hijos a estudiar. Y en otros casos, el servicio se brindó por apenas una semana.
El Gobierno le da la razón a los padres
“El Gobierno le dio la razón a los padres, había que devolver una parte porcentual de la matrícula, dependiendo de la cantidad de días que el niño estudió en marzo o abril, y para eso se dispuso que el Minedu publicara una fórmula matemática que permita calcular cuánto se debía devolver a los padres, fórmula que aún no ha sido publicada y que ya lleva cinco meses de retraso”.
Aseguró que esto sí ayudaría económicamente a los padres de familia, al devolverse un dinero que fue pagado sin que se reciba el servicio, por lo que anunció que la entidad que representa envió una carta al Minedu solicitando que se promulgue este decreto.
Cáceres recordó que Aspec mantuvo un diálogo fluido con el exministro Martín Benavides para que se expidieran normas en materia de educación, pero atacaron solo uno de los dos problemas referidos principalmente al elevado costo de la teleeducación y a la falta de calidad.
En relación con el primer problema, recordó que lo único que hizo el Estado fue sacar una norma que establecía el derecho de los padres a recibir información financiera sobre el colegio; es decir, podían solicitar el estado de cuenta de ganancias y pérdidas, el balance de ingresos anuales, tema que se reguló, pero no controló precios.
Componente social
Cáceres reconoció que en el rubro calidad, el Gobierno sí expidió una serie de normas referidas a este componente, a fin de garantizar estándares mínimos. “Se dispuso normas sobre la cantidad de horas que debía durar la teleeducación, según el nivel formativo, y sobre contenidos. “En consecuencia, los colegios siguen librados a lo que ellos mismos dispongan en materia de pensiones”.
Aseguró que si bien el Estado no puede regular precios, es decir no puede poner precios tope, consideró que en ciertas circunstancias excepcionales, el Estado debe tener las manos libres para poder actuar.
“El año pasado, por ejemplo, Aspec propuso que en el caso de los medicamentos e insumos destinados a tratar el covid-19, se pusieran precios tope, porque eran circunstancias de emergencia extrema, y había que contener el incremento imparable de precios de medicamentos como el parecetamol, el oxígeno medicinal, los guantes y mascarillas”.
“El Estado no se atrevió a regular y a poner precios tope, no obstante que eran circunstancias en las que ni la ley, ni la constitución, pueden permanecer al margen. El régimen económico del Perú es una economía social de mercado y esa palabra, social, lo cambia todo: si bien promueve la libre competencia, por ese componente social, el Estado puede intervenir en algún momento para actuar; se altera así el rol subsidiario del Estado, que puede dirigir, poner límites, pero esa facultad excepcional el Estado no la utilizó”.
Pensiones suben cada año
Cáceres sostuvo que lo normal es que los colegios suban las pensiones cada año, pero estas se comunican a los padres de familia con anticipación -casi siempre en noviembre- para que ellos puedan evaluar si les conviene mantener a sus hijos en dicho colegio y o si buscan otra opción.
“El año pasado, si bien algunos centros educativos redujeron en 10 % o 20 % sus pensiones, otros no lo hicieron. Entonces tenemos una situación en la que ciertos colegios quieren aumentar y a los padres en la posibilidad de hacer valer las normas de transparencia financiera, es decir que puedan solicitar información sobre las causas que motivan el incremento.
Cáceres dijo que en estas circunstancias, la recomendación es que los padres pregunten al colegio las razones por las que decide incrementar el precio de la pensión, y haciendo uso de sus facultades, le soliciten el estado de ganancias y pérdidas, a fin de saber si está justificada el alza.
El titular de la Aspec pidió también a los directivos de los centros educativos a ser más solidarios con los padres de familia, y por este año, dadas las características similares que tendrá con el 2020, abstenerse de subir los precios de las pensiones.
Al recordar que el estado no ha dado ninguna medida referida a control de precios en materia educativa, Cáceres informó que la asociación que preside presentará en las próximas horas, diez medidas concretas, todas viables, referidas cinco de ellas a calidad y las cinco restantes en materia económica, que espera puedan implementarse.
