La Fiscalía General del Estado boliviano había pedido a la Organización International de Policía Criminal (Interpol) un sello rojo, una orden para detener a Morales, que está en Argentina.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, explicó a los medios en La Paz que el pedido se realizó dentro de las investigaciones de una denuncia por supuestos delitos de sedición y terrorismo contra del expresidente boliviano.
Interpol comunicó que el delito de sedición tendría un componente de orden político, que de acuerdo a su normativa impide cursar esa solicitud, indicó el fiscal general.
La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia en noviembre de 2019, al poco de asumir el poder de forma interina Jeanine Áñez, cuando Evo Morales estaba entonces en México.
Débiles pruebas
La acusación se basa en un video en el que se atribuye la voz de Morales para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en Bolivia, que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han considerado una prueba insuficiente para la gravedad de esos delitos.
“Interpol interpreta que este delito es considerado de orden político y en la respuesta nos hacen conocer que ellos no van a poder llevar adelante el cumplimiento, entre tanto no se levante la tipificación” por sedición, comentó Lanchipa.
Esta denuncia es una de las interpuestas por el Ejecutivo transitorio de Áñez contra Morales, que desde diciembre pasado está en Argentina, donde solicitó refugio.
La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión por algunas de estas denuncias, para que el exmandatario comparezca en procesos en su contra en Bolivia, pero sus abogados observan que no existen garantías constitucionales para su retorno e incluso temen por su vida.
No obstante, Evo Morales ha dicho que si su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), gana las elecciones del 18 de octubre en Bolivia, al día siguiente volverá a su país.
