Jueves, 19 de Diciembre del 2024
Desde las guerras civiles de la década de 1980, al cabo de las cuales el militar Omar al-Bashir se proclamó presidente en 1989, Sudán vivió bajo la ley islámica, lo cual fue un factor central en la independencia de Sudán del Sur (donde conviven religiones tradicionales africanas y cristianismo) y finalmente en la deposición de Al-Bashir en 2019, reemplazado por un gobierno de transición que se comprometió a llamar a elecciones en 2021.
Como parte de esas reformas, el gobierno del primer ministro Abdalla Hamdok anunció leyes que prohíben la mutilación genital femenina (MGF), eliminan el delito de apostasía (que estaba penado con la muerte) y los azotes como método de castigo, permiten la libre circulación de las mujeres, también con sus hijos (antes necesitaban el permiso de un hombre), y liberan el consumo de alcohol para no musulmanes.
Si bien varios estados de Sudán habían ilegalizado la MGF, la práctica continuaba; ahora se impondrá una pena de tres años de cárcel a quien la cometa. Se estima que el 87% de las mujeres entre 14 y 49 años han sufrido mutilación genital en Sudán, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU); en 29 países de África y Medio Oriente se perpetúa esa forma de violencia contra la mujer (que causa infecciones urinarias, uterinas, renales, quistes, problemas reproductivos y dolor al mantener relaciones sexuales) aunque sólo cinco de ellos la consideran legal.
El reclamo de criminalizar la MGF en Sudán no es nuevo, pero el gobierno de Al Bashir impidió que el Parlamento promulgara esta ley; según BBC, las mujeres constituyeron la vanguardia del movimiento que, tras cuatro meses de protestas, condujo a la deposición del ex mandatario. El actual gobierno opera sobre un equilibrio inestable entre quienes expulsaron a Al-Bashir y sus ex aliados militares, que finalmente facilitaron el golpe contra él.
Las demás medidas que anunció el ministro de Justicia, Nasredeen Abdulbari, incluyen la libertad de circulación de las mujeres, solas o con sus hijos, sin necesidad del permiso de un familiar de sexo masculino y el fin del takfir —la apostasía, o el delito de renunciar al islam— que se penaba con la muerte. El caso más famoso fue de Meriam Yehya Ibrahim Ishag, recordó el medio británico: una mujer embarazada que se casó con un cristiano en 2014 y fue condenada a la horca, aunque logró escapar y actualmente está exiliada en los Estados Unidos.
La nueva legislación “se ocupa de modificaciones establecidas en el Documento Constitucional sobre la reforma de leyes sobre derechos humanos y libertades básicas, en particular la libertad de las mujeres y los niños”, dijo Abdulbari a The Sudan Tribune. Es parte de un conjunto de enmiendas a normas “que degradan la dignidad de las mujeres”, como la necesidad de que un familiar varón firmara un documento para que una mujer pudiera viajar al extranjero sola o llevar con ella a sus hijos, o ponen en peligro su vida y su bienestar físico, como la mutilación genital.
El ministro describió los cambios como “los cimientos para extender la justicia en Sudán y promover la elevación del sistema judicial sudanés a los estándares internacionales”. Pero Abdulbari no hizo comentarios sobre la negativa de Sudán a firmar la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que persiste desde el régimen de Al-Bashir. “Vamos a eliminar todas las normas que violan los derechos humanos en Sudán”, repitió en general.
El país del norte de África, ubicado al sur de Egipto, permitirá también que aquellos que no sean musulmanes, que representan el 3% de la población, puedan importar, vender y consumir bebidas alcohólicas. Sin embargo, la coexistencia de la sharia hace que “se presenten desafíos si se halla bebiendo juntos a un musulmán y un no musulmán, ya que este último podría ser acusado de complicidad”, recordó otro artículo del periódico sudanés. “Sólo quisimos garantizar los derechos de quienes no son musulmanes”, dijo el ministro de Justicia.
Hasta el cambio de ley, las personas que no profesaban el islam y querían beber alcohol podían hacerlo en privado, pero la circulación comercial de las bebidas estaba prohibida. En la práctica se recurría al contrabando y a la fabricación de un producto local, llamado merissa, a partir de la fermentación de dátiles, con un 6% de alcohol.
Eso estaba penado con 40 azotes, pero la nueva legislación también eliminó esa forma de castigo. “Deseamos demoler cualquier clase de discriminación impuesta por el antiguo régimen y avanzar hacia la igualdad de la ciudadanía y una transformación democrática”, dijo Abdulbari.
Sin embargo, Hala al-Karib, directora regional de la Iniciativa Estratégica para la Mujer en el Cuerno de África (SIHA), señaló que estas reformas son apenas el inicio del camino. “Se trata de un buen paso en la dirección correcta, pero existen otras discriminaciones anticuadas”. La tutela de los hombres sobre las mujeres se sigue ejerciendo mediante otras leyes que “regulan cosas como los pasaportes, la inmigración y la emisión de documentos oficiales”, dijo.
