Miercoles, 18 de Diciembre del 2024
La gestión la emergencia del coronavirus en Lombardía puede haber conllevado el delito de crimen contra la humanidad. Así lo creen algunos familiares de las víctimas del coronavirus, que el lunes enviarán una larga y detallada carta a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Róbert Ragnar Spanó. La iniciativa ha partido del comité “Nosotros denunciaremos – Verdad y justicia por las víctimas de Covid-19”, fundado por el economista Luca Fusco, de 58 años, tras perder a su padre (85) por la pandemia. Junto a su hijo Stefano creó en abril un grupo en Facebook, al que se han inscrito 60.000 personas. El pasado 10 de junio el comité con decenas de familiares presentó 50 denuncias en la fiscalía de
Bérgamo, declarada “ciudad mártir” porque ha sido la más golpeada por el coronavirus. El comité dispone de 5 abogados que, de forma gratuita, se encargan de la asesoría y de estudiar caso por caso para preparar las denuncias. Luca Fusco confirma a ABC que “el próximo lunes miembros del comité, familiares de las víctimas y los abogados presentarán en la fiscalía de Bérgamo otras 100 denuncias, para pedir verdad y justicia para sus seres queridos desaparecidos durante la pandemia”. Los fallecidos en Italia, desde el inicio del coronavirus, el 21 de febrero, son 34.938.
Objetivo de la carta
En coincidencia con la presentación de esta segunda denuncia colectiva –los abogados preparan una tercera para finales del verano- se enviará la carta a la presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La carta tiene un objetivo específico: solicitar la supervisión de las más altas instancias europeas, políticas y legales, sobre las i nvestigaciones en curso en Lombardía. Se trata cientos de denuncias presentadas por familiares de víctimas en las fiscalía de toda la región de Lombardía. A juicio de los abogados del comité, parecen existir señales de delitos de crímenes contra la humanidad.
Los artículos citados en la carta, a los que el comité se apela con la hipótesis de crímenes contra la humanidad, son 1, 2 y 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se refieren al derecho a la dignidad humana y a la vida, así como a la integridad física y mental. Además, también se menciona el artículo 32 de la Constitución italiana, según el cual “la República protege la salud como un derecho fundamental del individuo y un interés de la comunidad, y garantiza la atención gratuita a los pobres”.
Responsabilidades políticas
Los familiares y sus abogados se centran, sobre todo, en tres decisiones de las autoridades públicas que habrían expuesto a los ciudadanos a un mayor riesgo de contagio: En primer lugar, permitir la reapertura del hospital en Alzano Lombardo, que resultó ser uno de los focos más importantes del coronavirus; en segundo lugar, la decisión de mantener abiertas las actividades de producción entre Alzano Lombardo y Nembro, en el área de Bérgamo, y el área de Orzinuovi en el Bresciano, a pesar de que el Instituto Nacional de Sanidad había aconsejado al gobierno que cerrara esas áreas el 2 de marzo; en tercer lugar, se pone la atención en las residencias de ancianos, donde a juicio de los familiares y sus abogados hay responsables de la masacre de personas mayores.
En los últimos meses, las fiscalías de Lombardía, sobre todo, intentan reconstruir las responsabilidades políticas en la gestión de la emergencia. La fiscalía de Bérgamo, una de las primeras en indagar, abrió una investigación por “epidemia culposa”, es decir, por considerar que pueden haberse realizado actos u omisiones por imprudencia o negligencia. Los fiscales de Bérgamo interrogaron el pasado 10 de junio en Roma al primer ministro, Giuseppe Conte, y a dos de sus ministros, para saber, entre otras cosas, por qué no se declaró zona roja un área que se convirtió en foco del virus que creó una hecatombe en Lombardía.
Terribles historias
El comité “Nosotros denunciaremos” dispone de su propia página web (noidenunceremo.it), donde se cuentan historias terribles, todas ellas comprobadas, de familiares abandonados a su suerte, sin atención domiciliaria o dificultades para su hospitalización a pesar de ser casos graves. Cristina Longhini, farmacéutica, de 39 años, contó la terrorífica historia de la muerte de su padre, de 65 años: “Me enteré de que lo habían cremado en la ciudad de Ferrara porque me llegó el recibo del impuesto municipal de esa ciudad, por un importe de 563,35 euros”. Sus pertenencias le llegaron en una bolsa negra de la basura. Otros familiares tuvieron peor suerte: Nunca vieron esas bolsas negras con las pertenencias de sus seres queridos porque se perdieron en algún almacén.
