“Más allá de la dinámica que imponga (la reapertura de los restaurantes), la protección de la salud está por encima de toda consideración”, afirma Madeleine Burns, directora nacional del Centro de Formación Turística (Cenfotur), quien participó en la confección del protocolo.
Para Burns, el acatamiento de las responsabilidades que deberán asumir los propietarios de los establecimientos, los trabajadores y los ciudadanos garantizarán este retorno.
Reconoce que toda esa parafernalia que rodea a la gastronomía nacional tendrá que reducirse a su mínima expresión para adoptar formas de conducta ordenadas y no estar expuestos a la enfermedad. Al respecto, sostiene que el protocolo cumple con los estándares necesarios para controlar los contagios, que fue la mayor preocupación cuando se elaboró.
La directora de Cenfotur precisa que esa fue una de las razones al definirse que la atención en salón se hiciera solo con el 40% del aforo total de cada local. “Responde a la necesidad de evitar la propagación del virus, pero es un número que irá cambiando en la medida en que la situación y las condiciones del sistema de salud mejoren”, asegura.
Recuerda que cuando se autorizó la atención, mediante el servicio de delivery, también se implementó un protocolo sanitario y los resultados demuestran que funciona. “El balance es positivo, por lo que el retorno de la atención presencial debe funcionar si hacemos lo que corresponde”.
Seguridad en el local
Sostiene que el protocolo maneja criterios interesantes, como es la posibilidad de que la gente haga sus reservas e incluso conozca las ofertas del local vía online o por teléfono. Eso reduce el contacto directo y la posibilidad de contagio del virus. Este sistema de reservas, con horarios que permitan manejar el número de clientes que ingresan al restaurante, debe mantenerse, dice.
Reconoce que la preocupación son los locales que no están formalizados y aquellos que operan en lugares donde la conectividad no es la adecuada, lo que no permite este tipo de operaciones. “Sin embargo, en esos casos, apelamos a que la gente se proteja, que no se aglomere. Habrá que respetar y hacer que se cumplan las indicaciones de aislamiento social y el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP)”.
De acuerdo con el protocolo, que estará vigente desde hoy, el propietario decidirá si el personal considerado de riesgo bajo se somete a una prueba serológica. Burns asegura que el protocolo tiene lineamientos transversales que los ha visto el Ministerio de Salud, mediante la Resolución Ministerial N° 448, en que se establecen los requerimientos de este tipo de exámenes.
El protocolo no exige pruebas rápidas para el personal del restaurante que es de riesgo bajo, pero sí para aquellas de riesgo medio o alto, o si en el supuesto de una emergencia, atiende a una persona que colapsa y se rompe el distanciamiento físico. Eso obligatoriamente determinará que ese trabajador sea sometido a un test molecular, aun cuando hubiese cumplido con llevar sus equipos de protección personal (EPP)
Depende de nosotros
La funcionaria dice que la gente preocupada por su salud debe exigir al local el cumplimiento de las normas. Incluso propone que, si observa un descuido en este aspecto, premie o castigue con su decisión de consumir.
Reconoce que si esta pandemia ha sacado a la luz algunas realidades, como es el tema de la informalidad, este es el momento para formalizar, para implementar buenas prácticas y seguir el protocolo. “Esa es una invocación que le hacemos a las personas, a las familias: utilicen sus protocolos para garantizar nuestra salud, y el buen reinicio de las actividades presenciales”, señala.
Previsión: un paso adelante
Burns refiere que en otros países donde se aplicaron medidas de desconfinamiento, muchos bares y restaurantes abrieron sus puertas sin protocolos estrictos, lo que nos pone un paso adelante en temas de previsión. “En muchos estados de EE. UU. se hicieron protocolos similares a los nuestros, pero no son de cumplimiento obligatorio como sí lo será en el Perú, donde incluso podrán fiscalizarse”.
En el Perú, la fiscalización estará a cargo de los municipios distritales donde funciona el establecimiento. Burns manifiesta que esa ha sido siempre su competencia y ahora deberán cumplirla a cabalidad por las circunstancias en que vivimos. Puntualiza que el Minsa ha dispuesto un acompañamiento y capacitación al personal que hará estas verificaciones, lo que genera mayor confianza.
