Viernes, 22 de Noviembre del 2024
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Ejecutivo publica norma que aprueba la Fase 2 de la reactivación económica

Publicado el 05/06/20

El Ejecutivo publicó el Decreto Supremo 101-2020-PCM en el Diario Oficial El Peruano, que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la pandemia del nuevo coronavirus.

Asimismo, la referida norma modifica el Decreto Supremo 080-2020-PCM.

Entre las actividades que reanudarán sus actividades están la elaboración de malta y cerveza, vinos; fabricación de calzado; actividades de impresión; venta de vehículos, entre otros.

La implementación de la Fase 2 de la reanudación de actividades se iniciará a partir del 5 de junio.

La norma también faculta al Ministerio de la Producción para que durante la Fase 2 de la reanudación de actividades, previa coordinación con los gobiernos locales dentro de su ámbito de competencia territorial y los sectores Interior, Defensa y Salud, mediante resolución ministerial disponga el inicio de actividades de los conglomerados productivos y/o comerciales a escala nacional a puerta cerrada.

También podrán vender sus productos y prestar sus servicios a través de comercio electrónico, pudiendo entregar sus productos a domicilio con logística propia o a través de terceros.

Esta facilidad exceptúa a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma del departamento de Áncash.

Para tal efecto, las empresas, entidades, personas jurídicas o naturales que realizan sus actividades a través de conglomerados productivos y/o comerciales deben cumplir con los protocolos y normas sanitarias.

Transporte interprovincial

También, la norma dispone que las actividades de transporte interprovincial privada de pasajeros para la realización de las actividades comprendidas en la estrategia de reanudación de actividades quedan exceptuadas de las restricciones de inmovilización social.

Obras públicas

Asimismo establece la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas debido a la declaratoria del estado de emergencia nacional por el covid-19.



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