Las filiales de Argentina, Paraguay y Brasil no están incluidas en la solicitud de bancarrota, y en este último país mantiene conversaciones con el Gobierno para buscar apoyo financiero, al igual que en Chile, Colombia y Ecuador, para “en la medida de lo posible”, proteger el empleo y minimizar la caída de sus operaciones.
En un comunicado, la aerolínea explica que se ha acogido a la ley 11 de bancarrota en los Estados Unidos, una semana después de haberse desvinculado de 1.400 de sus trabajadores como resultado de las consecuencias económicas de la pandemia.
La compañía cuenta con el respaldo de sus dos principales accionistas, las familias Cueto y Amaro y Qatar Airways, que tienen previsto inyectar 900 millones de dólares para hacer frente a la situación.
La aerolínea aclara que los empleados del grupo seguirán recibiendo sus salarios y beneficios, y los proveedores recibirán sus pagos “en tiempo y en forma” por todos los bienes y servicios entregados desde el 26 de mayo de 2020 en adelante.
