Viernes, 22 de Noviembre del 2024
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial dicte 36 meses de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, a quien se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos por el caso OAS.
La solicitud efectuada por la fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial Lava Jato, también incluye al excongresista José Luna Gálvez; y a la exfuncionaria edil Giselle Zegarra, informó el diario El Comercio.
Los tres se encuentran con impedimento de salida del país por el caso Lava Jato.
De acuerdo a la tesis fiscal, Castañeda Lossio habría recibido 480 mil dólares para su campaña a la alcaldía de Lima en el 2014.
Al tres veces alcalde de Lima se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.
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De acuerdo con la representante del Ministerio Público, existe peligro de “reintegración de la presunta organización criminal” e identificó acciones de resistencia a la autoridad, por ello considera necesario se dicte la prisión preventiva para los tres exfuncionarios.
La fiscal Salazar sostiene que el también excandidato presidencial en más de una ocasión mostró resistencia a cumplir mandatos de la autoridad, como cuando solicitó reprogramación de la fecha para que de su declaración minutos antes de que la diligencia iniciara, y que para justificar esto solo presentó un certificado médico.
Entre los argumentos que el Ministerio Público tiene para solicitar la prisión preventiva para José Luna Gálvez es la presunta obstrucción a la investigación en su contra al comunicarse con dos testigos para influir en sus testimonios.
Además, Luna tuvo una conducta obstruccionista durante el allanamiento de su vivienda. Después de varias horas de búsqueda, la fiscal Salazar encontró S/ 302 802 en efectivo dentro de una maleta en el automóvil que usa su hijo José Luna Morales.
En cuanto a Giselle Zegarra, el Ministerio Público menciona que existiría una “sospecha grave” de peligro de fuga de la exfuncionaria al no contar con arraigo domiciliario ni laboral.
Además, indica que se mudó de domicilio sin avisar al despacho fiscal y que se enteraron por las labores de inteligencia de la Diviac de la Policía Nacional del Perú.
