Lunes, 4 de Noviembre del 2024
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) discutirá hoy si admite o no la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, que busca dejar sin efecto la disolución del Congreso por parte del Ejecutivo. La decisión final podría darse hoy o tardar todavía unos días más, anunció ayer el presidente del TC, Ernesto Blume.
En declaraciones a la prensa, Blume explicó que todo dependerá de la exposición de la causa a cargo del magistrado Carlos Ramos Núñez y del posterior debate.
“(La decisión) Puede ser de inmediato o puede, quizás, tomar algunos días más (…) esto depende del ponente y de los debates que en ese momento se produzcan de la posición de todos los magistrados”, apuntó.
No obstante, dio a conocer la intención del TC de resolver a la brevedad esta demanda.
“La decisión que vamos a tomar se denomina auto de calificación y puede orientarse por la admisibilidad o por la inadmisibilidad (archivamiento) de la demanda”, refirió Blume.
De la sesión en sí, se conoció que tendrá carácter reservado y que el magistrado Carlos Ramos deberá presentar un borrador del informe sobre la demanda en su exposición. Asimismo, podrían incluir como insumo al momento del análisis la recomendación del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, de admitir la demanda sin que esto garantice declararla fundada.
Sobre los posibles escenarios que tendríamos tras la sesión de hoy, el más probable es el archivamiento de la demanda competencial de Olaechea, que crearía un precedente importante para nuestro país. “Si el TC rechaza la demanda y la envía al archivo, el proceso competencial abortará. El caso se cierra y eso significará, en la práctica, que la forma en que se llevó a cabo la disolución parlamentaria quedará como un antecedente. No habrá calificación sobre si fue constitucional o no”, explica el constitucionalista Luciano López.
Por otro lado, en el supuesto caso de que el TC admita la demanda, se iniciaría inmediatamente un juicio contra el Ejecutivo, y este tendría que ser notificado con un plazo de 30 días para contestar. Tras su respuesta, se fijaría fecha para una audiencia pública de abogados. Luego, en un plazo de 30 días hábiles más, se emitiría sentencia. El TC fallaría en las vísperas de las elecciones o después.
Para Luciano López, este último escenario resulta poco probable. “Por la cercanía de elecciones, aun si el TC admitiera la demanda, cuando deba sentenciar, lo haría respetando su rol pacificador. Es difícil que desarme lo andado. El problema sería en caso admita a trámite la demanda; le corresponde pronunciarse sobre medida cautelar. Sería un despropósito y contrario a su rol pacificador. Ojalá prime la cordura”, añadió.
