Jueves, 14 de Noviembre del 2024
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia de funcionamiento institucional a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), debido a que no cumplió ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.
La UIGV es una entidad privada fundada en 1964, con sede en Lima (donde tiene nueve locales) y una filial en Chincha (Ica). A la fecha posee una oferta académica de 97 programas de estudio, 48 de pregrado, 38 maestrías y 11 doctorados, en los cuales están matriculados 16.650 estudiantes.
Del total del alumnado, el 60% está inscrito en programas de modalidad presencial, y el 40% restante cursa programas semipresenciales. Su plana docente suma 570 profesores.
—Evaluación negativa—
En mayo del 2016, la universidad presentó su solicitud de licenciamiento ante la Sunedu, con lo cual se inició el proceso. En este, se hallaron varias deficiencias.
Entre las principales, figura que “la instancia encargada de la gestión de la calidad universitaria” no tenía una estructura organizacional ni personal suficiente; asimismo, la institución educativa “no presentó planes de estudios” para los programas declarados, y los planes que sí entregó eran inconsistentes.
La Sunedu también evidenció “desorden en la gestión institucional” de la UIGV, luego de que 82 documentos de planificación fueran observados. Además, encontró deficiencias en la información del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la universidad, lo que impactó “en la operatividad” y seguridad de laboratorios y talleres.
Por otro lado, según la superintendencia, la UIGV “no ha demostrado” la implementación de actividades de investigación planificadas. Respecto a la plana docente, tampoco probó un vínculo laboral con el 40% de sus profesores; mientras que solo el 11% tenía un régimen de tiempo completo.
—“Riesgos” financieros—
En diciembre del 2018, la Sunedu informó a la universidad que debía presentar un plan de adecuación (PDA) a los lineamientos de la Ley Universitaria. La UIGV cumplió, pero tras analizarlo la superintendencia concluyó que las actividades y resultados proyectados en el documento no eran “pertinentes ni suficientes para levantar las observaciones”.
Advirtió que la universidad carecía de “la sostenibilidad financiera necesaria para garantizar la implementación y mantenimiento de las CBC”, ya que esta se encontraba en “un escenario de resultados negativos continuos y de deterioro sostenido de sus activos”. Igualmente, identificó que presentaba “riesgos” en la gestión administrativa y financiera, los cuales le impedirían garantizar los recursos requeridos para mejorar y mantener las CBC “en el corto y mediano plazo”.
En junio último, el rector Luis Cervantes Liñán (hoy suspendido) dijo que se retiraría a varios empleados como parte de un plan de “modernización de la universidad”. En julio, un grupo de trabajadores denunció que se había realizado un despido masivo de 300 personas bajo el argumento de que la UIGV “había entrado a un proceso de reorganización administrativa y financiera”.
Culminada la etapa de evaluación documentaria y verificación presencial, el Consejo Directivo de la Sunedu resolvió no otorgar la licencia de funcionamiento a la institución educativa, que ahora tiene un plazo de hasta dos años para cerrar sus puertas.
Así, la UIGV se convierte en la universidad número 19 del país a la que se le ha denegado el licenciamiento. Otras 80 casas de estudios superiores –entre públicas y privadas– ya han logrado su acreditación ante la superintendencia para seguir funcionando.
Títulos irregulares: en agosto, la Sunedu multó a la UIGV con 300 UIT por haber emitido títulos a bachilleres egresados de otras universidades.
Autoridad temporal: la semana pasada, la universidad nombró temporalmente como rector a Ramiro Gómez Salas, tras la suspensión de Luis Cervantes, ordenada por Sunedu.
-Juez acepta cautelar en favor de Telesup-
La Universidad Privada Telesup informó anoche que logró obtener una medida cautelar que suspende los efectos de las dos resoluciones con las que la Sunedu le denegó el licenciamiento institucional.
En un comunicado, Telesup afirmó que podrá continuar con sus actividades académicas y que no tendrá impedimento de convocar a procesos de admisión.
La medida fue dictada por el juez Alberto Cohen Vela, del Segundo Juzgado Civil de Bagua (Amazonas). La demanda fue interpuesta por Jhonatan Jesús Hernández Martínez, quien sería alumno de dicha casa de estudios.
La medida ordena que a Telesup se le otorgue un plazo para la reformulación y presentación de su plan de adecuación “conforme a las reglas establecidas en el reglamento de licenciamiento vigente al momento de iniciar su procedimiento de licenciamiento.
