Sábado, 23 de Noviembre del 2024
Santiago, oct. 23.
Los principales sindicatos y movimientos sociales convocaron para el miércoles y jueves una huelga general que amenaza con avivar las masivas protestas que hace seis días golpean a Chile, pese a que el presidente Sebastián Piñera pidió perdón y anunció medidas para frenar la convulsión social.
“¡La huelga va! Lo decimos fuerte y claro: ¡Basta de alzas y abusos!”, indicó un mensaje colgado la noche del martes en la cuenta de Twitter de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más poderoso de Chile.
El paro fue convocado por una veintena de organizaciones de trabajadores y estudiantes que repudiaron la decisión de Piñera de poner al país en estado de emergencia y toque de queda, y recurrir a las fuerzas armadas para controlar las manifestaciones, incendios y saqueos registrados en Santiago y decenas de otras ciudades, los que han dejado 15 muertos –entre ellos un peruano y un ecuatoriano– en la peor ola de violencia en Chile en tres décadas.
“Demandamos al gobierno restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver los militares a sus cuarteles”, indicó un comunicado de los movimientos, difundido el martes.
En Santiago, los sindicalistas marcharán desde la céntrica plaza Italia, donde centenares de miles de chilenos han protestado desde el viernes cuando estalló la crisis. Los trabajadores del sector salud anunciaron que se unirán a la protesta y los operarios portuarios paralizarán las localidades costeras del país. Los poderosos sindicatos de las mineras de cobre –del cual Chile es el mayor productor mundial– analizaban su adhesión a la huelga.
Perdón
Los sindicatos coinciden con el descontento social instalado en Chile –uno de los países más desiguales del mundo– que se encendió por el alza –luego suspendida– de 3.75 % en el precio de la tarifa del metro en Santiago, pero derivó en un mayor movimiento que pone sobre la mesa otras demandas sociales, sobre todo las bajísimas pensiones del sistema privado que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Jaqueado por la indignación del pueblo que parece estar lejos de aplacarse, el presidente Piñera dio una declaración el martes en la noche en la que pidió “perdón” y reconoció su “falta de visión” para anticipar el estallido, en un viraje de tono dos días después de que afirmó que el país estaba “en guerra”
El mandatario además anunció un potente paquete de medidas en atención de las exigencias callejeras, entre ellas mejorar las pensiones de los chilenos más pobres, suspender un aumento del 9.2 % de las cuentas de la luz, complementar el salario mínimo, establecer un seguro para la compra de medicamentos y la imposición de mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos.
Además, Piñera planteó la reducción de las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública junto a la disminución en el número de los congresistas y limitación de las reelecciones.
Pero los sindicalistas exigen que el gobierno instaure una agenda social que sea desarrollada junto a las organizaciones de base, para alcanzar definitivamente una solución a la crisis.
Miércoles de desafíos
Las manifestaciones sociales y la huelga de los sindicatos pondrán a prueba el normal desarrollo de las actividades de los 7.5 millones de habitantes de Santiago, donde el transporte público se restablece poco a poco luego de que el servicio del metro capitalino fue suspendido por destrozos durante el fin de semana, y el lunes y martes solo funcionó parcialmente con una de sus siete líneas.
El miércoles se prevé habilitar tres líneas –también de manera parcial– apoyadas por cerca de 5,000 autobuses y taxis, para satisfacer la demanda. En tanto que el comercio y los bancos funcionarán de manera intermitente, mientras las clases escolares seguirán suspendidas en siete de las 52 comunas de Santiago.
Durante la madrugada, Santiago y otra decena de ciudades vivieron el cuarto toque de queda desde que comenzó el conflicto. Unos 20,000 militares y policías desplegados realizaron controles a vehículos y personas; mientras que se registraron de forma aislada enfrentamientos entre uniformados y manifestantes, incendios y saqueos.
Cientos de chilenos residentes en países como Argentina, Francia y España también salieron a las calles con banderas y lienzos para expresar su apoyo a las manifestaciones sociales.
Unas cinco personas han muerto a causa de enfrentamientos con agentes del Estado, 269 han resultado heridas –137 por armas de fuego– y cerca de 1,900 han sido detenidas, según un último reporte del Instituto Nacional de Derechos humanos (INDH).
El resto de las muertes se dieron en incendios y saqueos, de acuerdo con la Fiscalía.
