Domingo, 22 de Diciembre del 2024
Las protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno en Ecuador han dejado en la última semana episodios de violencia, una guerra de relatos entre autoridades y opositores e intentos de desinformación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cualquier caso, reiteró este jueves su preocupación por esta escalada e instó a investigar los hechos “cometidos por diferentes actores, principalmente los ocasionados por uso excesivo de la fuerza”.
Al menos cinco personas han muerto durante las jornadas de movilización que se iniciaron por los ajustes económicos anunciados por el Ejecutivo, especialmente el alza del precio de la gasolina. El último, según el balance de la Defensoría del Pueblo, es Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Sin embargo, el secretario general de presidencia, José Augusto Briones, rebajó la cifra a dos casos: un hombre que, según la versión oficial, fue atropellado en los bloqueos de carreteras del inicio de las protestas y otro, por una caída y golpe en su cabeza en las manifestaciones llevadas adelante en Quito.
Mientras los manifestantes acusan al Gobierno de reprimir las protestas, las autoridades insisten en la tesis del intento de desestabilización externa. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó de que esta mañana han sido detenidas diecisiete personas en el aeropuerto de Quito. “La mayoría de ellos venezolanos. En su poder, información sobre la movilización del presidente y vicepresidente”, aseguró a través de Twitter. El propio Moreno celebró el miércoles que la gran marcha de las comunidades indígenas, que encabezan las reivindicaciones al Gobierno, se desarrollara de forma pacífica. Sin embargo, en el centro de la capital se produjeron duros choques entre un sector de la protesta y la policía, que recurrió profusamente a los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
La tensión se añadió a la negativa de las organizaciones indígenas a sentarse y aceptar la oferta de diálogo formulada por el Ejecutivo. Tras concentrarse de nuevo en el Parque del Arbolito, en las proximidades de la Asamblea Nacional, un grupo retuvo a varios policías y a una treintena de periodistas fueron retenidos en la Casa de la Cultura de Quito, tras haber sido convocados a una rueda de prensa y pese a asegurar que los reporteros permanecían allí voluntariamente. Les permitieron cargar la batería de sus teléfonos y entregar tarjetas de memoria al exterior para facilitar la entrega de información. Fueron liberados horas después. Los dirigentes indígenas querían rechazar precisamente actos de represión policial y protestar por las cifras de muertos y heridos ofrecidas por el Gobierno.
“Con la sangre de nuestros hermanos, no vamos a negociar. No vamos a negociar con este Gobierno nefasto y mentiroso”, arengaba uno de los líderes indígenas en la tarima donde tenían a los policías retenidos. “Sean humanos, compañeros. No sean cínicos. Nosotros luchamos por nuestra causa, por nuestros hijos. ¿Qué les pasa? Ver morir a mi gente me ha indignado, vamos a radicalizar la protesta con mayor fuerza”, advirtió en una de las emisiones en vivo que reclamaron a los medios.
Pese a asegurar que los periodistas estaban allí voluntariamente, permanecieron retenidos durante horas en un cerco reducido con el objetivo de que retransmitieran todas sus declaraciones. El secretario general de presidencia emitió un mensaje televisado a las dos horas calificando la retención de “secuestro”. Briones también volvió a hacer un llamamiento al diálogo en una entrevista radiofónica: “Lo primero es cumplir con el objetivo común y es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos, pacifiquemos el país y sentémonos a hablar con calma”.
El Ejecutivo puso sobre la mesa el miércoles un paquete medidas para “compensar los efectos del fin del subsidio a los combustibles”. Entre esas propuestas está la reestructuración de las deudas de las organizaciones que no estén al día en los pagos de la financiación de sus terrenos o la financiación del seguro agrícola. Sin embargo, este jueves la Confederación de Nacionalidades Indígenas rechazó una negociación a través de un comunicado, asegurando que seguirán las protestas hasta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “salga del Ecuador”.
La comunidad indígena tiene también retenidos a 47 militares en la parroquia de Cochapamba, en la provincia de Cotopaxi, por haber entrado a lo que consideran su territorio y no “justificar el motivo” por el que se encontraban allí. Como ya ocurrió con el medio centenar de uniformados que fueron retenidos y después liberados los primeros días de protestas, el colectivo indígena reclamaba ser escuchado por el Gobierno. En este caso, además, piden el “cese de la represión” y la liberación de sus “hermanos” detenidos.
