Jueves, 26 de Diciembre del 2024
El pasado 30 de setiembre, el Gobierno declaró oficialmente la disolución del Congreso de la República y convocó a elecciones para un nuevo Parlamento. A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo señaló que se cerró el Legislativo por haber negado la confianza a dos Consejo de Ministros del gobierno elegido para el periodo 2016-2021, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente.
Este miércoles se cumple un mes de publicado el decreto con la firma del mandatario Martín Vizcarra y del titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas. Con esto, los congresistas disueltos -a excepción de los integrantes de la Comisión Permanente- pierden una de sus principales y polémicas prerrogativas: la inmunidad parlamentaria.
El artículo 93 de la Constitución Política del Perú establece que los parlamentarios “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante”. Este plazo previsto se cumple hoy, 30 de octubre.
La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa constitucional de la que gozan los parlamentarios, por la cual no pueden ser detenidos o presos por sus opiniones, ni procesados o detenidos, sin la autorización previa del Congreso de la República o de la Comisión Permanente; de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93° de la Constitución Política del Perú.
Son varios los congresistas que tienen investigaciones en el Ministerio Público; sin embargo, varios de estos mantienen su inmunidad parlamentaria por formar parte de la Comisión Permanente. Otros, en cambio, podrán ser procesados libremente por la Fiscalía. Estos son: Moisés Mamani, Yesenia Ponce y Betty Ananculí. Todos ellos podrán ser investigados como cualquier ciudadano e incluso se podría solicitar cualquier medida como la prisión preventiva, en caso el fiscal a cargo del caso lo considere necesario.
El excongresista Moisés Mamani, quien llegó al Parlamento con Fuerza Popular, es investigado por un caso de tocamiento indebido con una trabajadora de una línea aérea. En setiembre de este año el Pleno del Congreso aprobó suspenderlo por 120 días sin goce de haber, e incluso hasta hace poco estuvo vigente los 30 días de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país que le dictó la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJC).
El Ministerio Público investiga a Yesenia Ponce Villarreal por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado, debido a que presuntamente pagó diez mil soles al exdirector de un colegio para obtener un certificado de estudios. Este caso fue en su momento archivado por el Parlamento y luego le valió una suspensión a Ponce por 120 días. Incluso, por este caso el Poder Judicial pidió al Parlamento que le levante su inmunidad parlamentaria, algo que finalmente no ocurrió.
Un reportaje periodístico reveló que la parlamentaria no habría cursado la carrera de Administración de Negocios Internacionales en el instituto Alas Peruanas de Ica, entre 2011 y 2013, ya que sus certificados de estudios habrían sido adulterados. Incluso, un peritaje grafotécnico de la Fiscalía, que abrió una investigación preliminar en junio del 2016, confirmó que la firmas de seis de los supuestos docentes de la congresista fujimorista fueron falsificadas.
En junio de este año, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria declaró improcedente la solicitud para levantarle el fuero a la congresista fujimorista Betty Ananculí por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio del Estado, tal como lo solicitó semanas atrás el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.
