Lunes, 23 de Diciembre del 2024
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) investiga a los generales FAP José Antonio Rubio Travi, Carlos Gustavo Elera Camacho y Luis Gonzales Buttgenbach, debido a presuntas irregularidades en sus designaciones como defensores de la patria. Los tres han cobrado un bono mensual de S/2.500 gracias a resoluciones del 2016 y 2017 emitidas por el CCFFAA, por supuestamente haber combatido en la Guerra del Alto Cenepa (1995). Esto, pese a que sus pedidos fueron rechazados en última instancia y se agotó la vía administrativa.
El 8 de mayo del 2000, en una resolución del Comando Conjunto, se los consideró combatientes y en el mismo documento se rechazó sus pedidos para ser designados defensores de la patria.
Rubio Travi volvió a solicitar su consideración como Defensor en el 2005. Una vez más, el CCFFAA le respondió que su pedido era “improcedente” por “no haber presentado documentación probatoria de haber participado en forma activa y directa en misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida”.
La decisión del CCFFAA, con los mismos argumentos, quedó firme el 6 de marzo del 2006 a través de la resolución en la que se declararon “improcedentes” las solicitudes de reconocimiento como defensores de la patria del conflicto del Alto Cenepa (1995) de 27 miembros de la FAP. Entre ellos, Rubio Travi, Elera Camacho y Gonzales Buttgenbach.
Los tres apelaron una vez más y, nuevamente, obtuvieron una respuesta negativa en el 2008, a través de resoluciones firmadas por el exministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz. Con ello se dio “por agotada la vía administrativa”, indican los documentos.
En el 2016 y 2017, los hoy generales de la FAP decidieron solicitar un recurso de reconsideración sobre las resoluciones ya agotadas en vía administrativa. Gonzales y Elera alegaron que recién el 26 de octubre del 2016 fueron notificados de la resolución de mayo del 2000 que rechazaba su pedido. Es decir, 16 años después.
A ello, se sumaron informes técnicos del entonces secretario general de la FAP que indicaban que sus labores desplegadas en el Cenepa eran similares a actos de combate en guerra.
Por ello, Gonzales y Elera lograron ser reconocidos defensores de la patria el 29 de diciembre del 2016 y accedieron al bono de S/2.500 mensuales.
Las dos resoluciones, a las que accedió El Comercio, que amparan sus pedidos fueron firmadas por el entonces jefe del CCFFAA, Jorge Moscoso Flores, hoy ministro de Defensa.
En el caso de Rubio, este argumentó que no fue notificado de la resolución del 6 de marzo del 2006 hasta abril del 2017. Por ello, interpuso la reconsideración el 24 de abril de ese año. Con ello también logró que se le reconociera defensor de la patria.
Es decir, dos de los militares apelaron las resoluciones CCFFAA del 2000 y otro la del 2006, omitiendo la resolución denegatoria de última instancia del 2008 que demostraría que sí habían sido notificados o de lo contrario no hubieran podido cuestionar las primeras resoluciones.
Así también quedó establecido en informes del 2018 que la FAP remitió al CCFFAA en los que se pide declarar “nulas” las reconsideraciones interpuestas por diversos miembros de dicha institución, entre ellos, los generales mencionados.
Hace dos semanas, todos los documentos y hechos fueron puestos de conocimiento de CCFFAA a cargo del general de Ejército César Astudillo Salcedo. Tras un análisis de estos, informaron a este Diario que se dispuso que Inspectoría General del Comando Conjunto abriera una investigación.
El Comercio buscó la versión de los tres generales de la FAP. A través de la oficina de prensa de la institución, informaron que no iban a declarar “para no entorpecer las investigaciones”.
El Ministerio de Defensa, mediante un comunicado enviado a este Diario, indicó: “El ministro de Defensa solicitó al CCFFAA [por escrito] que esta investigación sea de carácter prioritario y que los avances sean informados periódicamente vía regular”.
Indicaron que existe un proceso de “investigación más amplia” sobre presuntas irregularidades en la designación como defensores de la patria de oficiales FAP.
“Conforme se avancen las investigaciones y en caso se detecten irregularidades en el proceso, se adoptarán las medidas administrativas y legales a que hubiera lugar de acuerdo a las normas vigentes”, precisaron.
Fuentes del ministerio explicaron que, en caso del ministro Moscoso, este firmó los documentos que ya habían sido analizados y visados por las áreas técnica y legal del CCFFAA cuando este presidía dicha institución.
—A la fiscalía—
El 29 de junio, El Comercio publicó un informe sobre personal del Comando Conjunto que habría lucrado “al insertar” de manera ilegal a militares como defensores de la patria.
El Ministerio de Defensa denunció penalmente ante la fiscalía por cohecho pasivo propio y falsificación de documentos a integrantes de la Unidad de Reconocimiento de excombatientes del CCFFAA.
