Jueves, 7 de Noviembre del 2024
El juez Thomas S. Hixson, de la Corte de California, ordenó que el expresidente Alejandro Toledo sea internado en una cárcel pública mientras continúa el trámite de su extradición al Perú para cumplir una orden judicial de prisión preventiva como parte de la investigación que se le sigue por los millonarios montos que habría recibido de la empresa Odebrecht.
La audiencia pública de fianza del expresidente Alejandro Toledo se realizó este viernes 19 de julio desde las 10:30 a.m. hora local (12:30 p.m. hora peruana) en edificio Federal Phillip Burton, donde funciona la Corte Federal de los Estados Unidos, y tuvo una duración aproximada de media hora. Tras escuchar a la Fiscalía norteamericana y al propío exmandatario, el magistrado Thomas S. Hixson anunció su decisión.
El abogado penalista James Rodríguez, especialista en temas de extradición, explicó días atrás que el juez norteamericano aceptaría enviar a Toledo a un penal si lograba probar “de manera fehaciente” los delitos cometidos por el expresidente. No obstante, reconoció que Toledo Manrique tenía a su favor que cuenta con residencia y propiedades en ese país para un eventual pago de una fianza.
En la diligencia pública participó el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, quien viajó a Estados Unidos luego de que la Fiscalía norteamericana solicitara al Ministerio Público de nuestro país la designación de un magistrado que tenga conocimiento sobre la investigación a Toledo Manrique por el caso Odebrecht para que pueda asistir al fiscal estadounidense en el proceso de extradición en la audiencia.
Toledo fue detenido días atrás en el marco del proceso de extradición solicitado por el Estado peruano. El exgobernante es acusado de haber cobrado más de US$ 20 millones en sobornos a la empresa Odebrecht como condición para entregarle la concesión de la construcción de tramos de la Carretera Interoceánica.
Con ese dinero, según la Fiscalía, Toledo Manrique compró diversos inmuebles en Lima. Por estos casos, el Estado peruano solicitó la extradición de Toledo por los delitos cohecho y lavado de activos.
Los argumentos de la Fiscalía
1. Toledo tiene un significativo riesgo de fuga
– El expresidente tiene los medios financieros para huir. Toledo es acusado de haber recibido 20 millones de dólares, además posee múltiples propiedades en Perú. También tiene otras fuentes de ingreso que incluyen su compañía y sus servicios como consultor económico.
– Tiene contactos significativos en una multitud de países extrajeros. Como expresidente, Toledo tuvo numerosas oportunidades de crear y cultivar relaciones con personas poderosas fuera del Perú, lo que facilitaría un cómoda vida en el exilio para él y su familia.
– Toledo ha demostrado que está decidido a, y es capaz de, evitar el enjuiciamiento. “El hecho de que Toledo haya decidido evadir el enjuiciamiento en su país de origen es indicativo de su riesgo de fuga en los Estados Unidos”, se lee en el documento.
– La edad de Toledo y la seriedad de los delitos que se le imputan proporcionan un fuerte incentivo para huir. Dos cargos en su contra implican cada uno una pena de más de 15 años en prisión, y el otro presunto delito tienen una pena de más de 8 años en cárcel.
– Toledo no ha mantenido un expediente limpio durante el tiempo que ha pasado en Estados Unidos. Como se recuerda, fue arrestado en el condado de Santa Mateo en marzo de 2019 por estar ebrio en la vía pública. En consecuencia, puede verse impedido de mostrar que no es un peligro para la comunidad.
En este primer punto, finalizan considerando que la concesión de una fianza por cualquier monto no garantizaría la presencia de Toledo en el tribunal y existiría “la posibilidad de avergonzar a los Estados Unidos en la conducción de sus asuntos exteriores”.
2. No hay “circunstancias especiales” que justifiquen la liberación de Toledo
El riesgo de fuga de Alejandro Toledo es suficiente por sí mismo para que la Corte niegue cualquier solicitud de fianza, asegura la Fiscalía. Sin embargo, incluso si la Corte estuviera convencida de que Toledo no tiene riesgo de fuga y no representa un peligro para la comunidad aquí o en el extranjero, el “gobierno no tiene conocimiento de alguna circunstancia especial” que justifique la fianza en este caso.
Si bien Toledo puede argumentar que su estatus como ex jefe de Estado es una “circunstancia especial”, no es del todo cierto, continúan. El estatus de Toledo como individuo rico, bien conectado y políticamente poderoso no puede ser una circunstancia especial, “a menos que la corte decida que las reglas normales de extradición no se van a aplicar a ex jefes de Estado en virtud de quiénes son”.
Finalmente, citan el caso del exgobernador de Panamá Ricardo Martinelli, quien permaneció detenido mientras duró su proceso de extradición, que culminó un año después. Si bien en ese caso el tribunal concluyó que el estatus del exmandatario podía implicar circunstancias especiales, no decidió que aquello justificara su liberación. “Del mismo modo, Toledo debería permanecer detenido en este caso”, expresan.
