Viernes, 15 de Noviembre del 2024
El chavismo dio otro paso para cercar a Juan Guaidó. La Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento paralelo que actúa como un brazo legislativo de Nicolás Maduro, aprobó este martes el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del líder de la oposición, que el pasado 23 de enero se juramentó como presidente encargado de Venezuela y desafió al régimen con una transición política respaldado por Estados Unidos y 50 países.
“Para que haya justicia en nuestro país y sea garantía de la paz hay que darle continuidad a la solicitud de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Diosdado Cabello, presidente de esa institución. “Se ha autorizado formalmente al Tribunal Supremo la continuación del juicio y la investigación penal contra Juan Guaidó”.
Tras conocer la decisión, Guaidó siguió adelante con la ruta que ha establecido. Minutos después, desde una asamblea en la comunidad donde vive señaló que ha recibido llamadas de apoyo de cancilleres del Grupo de Lima y presidentes de otros países. “Es muy serio lo que está pasando y requiere la seriedad de los ciudadanos para seguir en las calles. Somos mayoría y debemos ejercerla en la calle. Cuando comencé esta lucha, en el movimiento estudiantil, no tenía inmunidad parlamentaria y así enfrentamos una y otra vez a la dictadura. Si el régimen se atreve a secuestrarme, si alguien de la Fuerza Armada se atreve a dar un golpe de Estado, estaría atentando contra el país. Las Fuerzas Armadas tienen una decisión que tomar, tienen todos los elementos en la mesa”.
Además, Guaidó volvió a llamar a los ciudadanos a participar este sábado en una masiva protesta en todo el país, que ha explicado como un simulacro de la llamada Operación Libertad con la que pretende presionar a Nicolás Maduro para que salga de Miraflores. “Pase lo que pase, seguimos”, aseguró. “Si el régimen se atreve a secuestrarme, la orden para el pueblo de Venezuela es seguir movilizados en la calles hasta el cese de la usurpación. Señores de la Fuerza Armada Nacional: permitir mi secuestro es ponerse en contra de la República”, ha rematado.
La persecución desde el aparato judicial del chavismo ha sido en cámara lenta. A finales de enero se ordenó el congelamiento de sus bienes y cuentas y se le prohibió la salida del país. La semana pasada la Contraloría, organismo encargado de fiscalizar las finanzas públicas, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años. El lunes el Supremo dictó una sentencia en la que solicita a la Asamblea Nacional Constituyente revocar la inmunidad parlamentaria del líder político por haber “quebrantado” una sentencia de prohibición de salida de Venezuela, lo que lo despojaría de cualquier protección frente a un posible juicio y arresto, y le impuso una multa por 200 unidades tributarias (unos 3 euros). La víspera
La comunidad internacional que ha dado respaldo a Guaidó se ha anticipado a los planes del chavismo rechazando la medida. El ministro de exteriores español, Josep Borrell, escribió este martes en su cuenta de Twitter: “España continúa demandando que se respeten la libertad e integridad física del presidente encargado, que se restauren las competencias de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y que se preserve el fuero de los diputados”.
Maduro ha señalado a Guaidó como responsable de la durísima crisis eléctrica vive al país desde principios de marzo, acusándole de ser parte de un ataque al sistema diseñado en Estados Unidos, que ha obligado a aplicar un racionamiento y que también costó la salida del ministro de la cartera anunciada el lunes.
Jurídicamente, el procedimiento que intenta el chavismo está fuera de la norma constitucional, según varios intérpretes de la Ley Fundamental. Esa lectura establece que solo la Asamblea Nacional que dirige el propio Guaidó está facultada para retirar el fuero del que gozan los diputados y algunos altos funcionarios. Para los juristas se trata de un acto de usurpación de poderes públicos por parte del Supremo y de la Constituyente que se suma al bloqueo judicial que ha hecho el chavismo del Parlamento desde que quedó en manos de la oposición en 2015. El Parlamento del chavismo, electo en julio de 2017 en unos comicios señalados por fraude y que no fueron reconocidos por la oposición ni la comunidad internacional, no podría entonces emprender este proceso. Pero el aparato oficialista aún mantiene el control de los poderes fácticos.
No se conocen las sentencias que recogen los presuntos delitos por los que se enjuiciaría a Guaidó. Pero el chavismo ha señalado que sería por la violación de la prohibición de salida del país, cuando salió el pasado 23 de febrero hacia Colombia, realizó una gira por países sudamericanos y regresó por el aeropuerto Internacional Simón Bolívar sin ser detenido. Otros portavoces lo han acusado de traición a la patria, apropiación indebida de bienes de la nación y de usurpación de funciones. Este último señalamiento es el mismo con el que Guaidó ha desafiado Maduro, tras continuar en el cargo de presidente de la República luego de las elecciones del 20 de mayo pasado, que se celebraron sin observación internacional independiente.
En el debate se exigieron ser más severos. “Es muy poco el allanamiento [levantamiento de la inmunidad], porque no es constitucional quitarnos el agua y la luz. ¿Cómo se trata a los traidores de la patria? No merecen llamarse venezolanos. Yo pediría hacer tribunales populares, que el pueblo diga qué hacer con quien traiciona la patria”, dijo la diputada constituyente María León. “A Guaidó le espera un resort en Tocorón [cárcel del centro del país]”, amenazó el chavista Gilberto Pinto.
