Domingo, 24 de Noviembre del 2024
Según norma publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano
El Gobierno declaró en Estado de Emergencia por 60 días el distrito de San Juan de Lurigancho ante el peligro inminente de colapso del Sistema de Saneamiento, según una norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.
El Decreto Supremo 058-2019-PCM señala que la medida permitirá ejecutar acciones inmediatas y necesarias destinadas a reducir el muy alto riesgo existente y brindar una respuesta y rehabilitación -en caso se amerite- en salvaguarda de la salud de la población.
Estas acciones inmediatas destinadas a reducir el alto riesgo serán ejecutadas por la Municipalidad de Lima y la de San Juan de Lurigancho, con la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diferentes ministerios.
Estos ministerios son de Salud; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Interior, Defensa y otras entidades competentes en cuanto les corresponda, indica el decreto.
Dichas acciones deberán coordinadas y podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su puesta en práctica, sustentados en los estudios técnicos de las entidades competentes.
La ejecución de las acciones previstas en este distrito se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.
El decreto lleva la firma del presidente de la República, Martín Vizcarra; el jefe del Gabinete, Salvador del Solar; así como por los ministros de Salud, Zulema Tomás; de Vivienda, Carlos Bruce; del Interior, Carlos Morán, y de Defensa, José Huerta.
El 13 de enero último, un gigantesco aniego de aguas servidas afectó a unos dos mil vecinos de la urbanización Los Jardines, en San Juan de Lurigancho, provocando la pérdida de sus cientos de muebles, enseres y otros objetos que quedaron inservibles y con malos olores.
La emergencia motivó la rápida intervención de una serie de instituciones, principalmente para rescatar a quienes se habían quedado en los pisos superiores pero también para suministrarles alimentos, agua, servicios de salud y un espacio para vivir temporalmente, hasta culminar la limpieza.
Dos meses después, en marzo, el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, dio a conocer un informe según el cual el aniego de aguas servidas pudo evitarse. “El informe concluye que ese aniego pudo evitarse, desde que se detecta el hundimiento de la pista entra a trabajar la subcontratista de Sedapal llamada Acciona, que no actúa de manera eficiente sino más bien negligente, cierra la zanja y luego viene otra contratista y se produce lo que todos sabemos”.
Cuatro días después de la emergencia, Sedapal, a través de la aseguradora Mapfre, comenzó a indemnizar a los damnificados según los daños analizados por los peritos.
