El Sector Minero Peruano recibió una buena noticia sobre la semana pasada: el ranking que elabora anualmente el Instituto Fraser posicionó al Perú en el puesto 14 entre las jurisdicciones más atractivas para invertir en exploración. De esa forma, el Perú se posicionó como la segunda jurisdicción mejor calificada de Latinoamérica, sólo por detrás de Chile, que se ubicó en el sexto lugar.
De acuerdo con las fuentes consultadas, parte importante de la mejora se le debe atribuir al inicio de construcción de tres ‘megaproyectos’ mineros: Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho. “Han ayudado a que, al momento de que se hagan las encuestas, los funcionarios vean al Perú con buenos ojos”, indica Guillermo Shinno, exviceministro de minas y gerente general del IIMP. Si bien no se tratan en estricto de exploraciones mineras —el objeto del estudio de Fraser—, cuya inversión cayó 15% en el 2018 en el país, los proyectos vendieron una imagen de mayor apertura a la inversión minera en el país, en un momento en el que no abundan los nuevos proyectos mineros a nivel mundial.
ESCALADA PERUANA
El Perú mejoró tanto en el índice de atractivo geológicocomo el de políticas públicas del ranking. Mientras que en el primero logró meterse en el top 10 y escaló del puesto 14 al 8, en el segundo —compuesto por 15 aspectos evaluados por los encuestados— logró pasar del puesto 43 al 37. El índice de atractivo geológico recoge una apreciación subjetiva pues se da sobre la base de una sola pregunta, pese a representar el 60% del peso en la calificación del ranking.
De los 15 rubros evaluados en el índice de políticas públicas, el Perú mejoró en diez, se mantuvo en uno y empeoró en cuatro. Lo más destacado se puede dividir en dos grandes grupos: los aspectos regulatorios y los aspectos más institucionales.
En el primero, el Perú logró mejorar sus calificaciones en las preguntas sobre incertidumbre hacia la administración, interpretación e implementación de la regulación, incertidumbre en regulación ambiental y duplicidades e inconsistencias regulatorias. “Tenemos buenas calificaciones, por lo general. Aunque el año pasado el tema de exploraciones mineras ha sido bastante dramático, no ha sido tomado tan en cuenta. Al final, hay bastante subjetividad en el asunto”, señala Miguel Cardozo, CEO de Alturas Minerals. La mejora no necesariamente respondería a algún destrabe o norma impulsado por el gobierno. “Sobre mejoras regulatorias en el 2018 no ha habido nada muy resaltante, salvo un proyecto de decreto supremo por el lado de procedimientos mineros”, afirma Shinno. Así, el desarrollo de los ‘megaproyectos’ habría inclinado la balanza a favor del Perú.
En el segundo grupo, los aspectos mejor calificados fueron base de datos geológica, régimen tributario, barreras comerciales y disponibilidad de mano de obra. En este último el Perú tuvo su performance más destacable: fue considerado como el cuarto destino con mejor disponibilidad de mano de obra.
La mejora en barreras comerciales, el tercer rubro mejor calificado del país, se da en un momento en el que el Perú viene negociando múltiples acuerdos comerciales y está cerca de ratificar un TLC con Australia, país cuyas jurisdicciones mineras son de las mejores calificadas por el Instituto Fraser. En cambio, la mejora en el rubro de régimen tributario resulta paradójica: se da luego de que el Congreso estuviera cerca de no prorrogar el beneficio de devolución del IGV a actividades de exploración minera en diciembre del año pasado. La encuesta se realizó entre agosto y noviembre del 2018.
Por otro lado, rubros como calidad de la infraestructura, sistema legal y estabilidad política tuvieron subidas y bajadas poco significativas. “Aunque en el 2018 las noticias han estado centradas en parte en el cambio de gobierno, para los que nos ven desde afuera es como si no hubiera pasado nadie”, señala Cardozo, refiriéndose a la estabilidad política.
LOS PENDIENTES DE SIEMPRE
El Perú sigue ‘jalando’ en cinco aspectos principales: incertidumbre sobre la titularidad de terrenos —que luego de subir 10 puntos en el 2017, cayó 22 en el 2018—, incertidumbre sobre áreas protegidas —que cayó 17 puntos—, seguridad, acuerdos socioeconómicos con comunidades y regulación laboral, y acuerdos con sindicatos, más allá de que hubieron mejoras en estos dos últimos aspectos. “En los últimos años no hemos tenido nuevos conflictos sociales, se han mantenido los antiguos. Igual no me confiaría en la mejora en la calificación”, indica Cardozo. Las fuentes coinciden en que gran parte de la mejora en dichos rubros se da por un efecto de arrastre del inicio de construcción de los ‘megaproyectos’.
La sofisticación de las estrategias de relacionamiento comunitario por parte de las mineras estaría dando sus primeros frutos, como anticipó SEMANAeconómica a comienzos del 2018. Sin embargo, todavía está pendiente que el gobierno ponga en marcha mecanismos como el Fondo de Adelanto Social, cuyo reglamento está publicado desde marzo del 2018. Se podría dar una mejora considerable en este aspecto si efectivamente se inicia la construcción del proyecto Tía María en el 2019, coinciden las fuentes. “Si antes de agosto se le da el permiso de construcción, va a generar un clima muy favorable por el Perú”, asegura Shinno.
En tanto, la incertidumbre sobre titularidad de terrenos y áreas protegidas respondería a una mayor dificultad de parte de las empresas mineras para acceder a ciertas concesiones, así como las trabas y múltiples actores que estarían interviniendo en el proceso. “Es una procesión de instituciones que tienen que opinar sobre el otorgamiento de una concesión minera, cuando dichas instituciones participan posteriormente en darte los permisos para explorar”, añade Cardozo. En esa línea, el año pasado el gobierno aumentó las penalidades para las concesiones ‘ociosas’, una medida que fue recibida de forma mixta por la industria: si bien podrá dinamizar la exploración de algunas concesiones que llevan años detenidas, concentraría las concesiones en las mineras de mayor tamaño, con espaldas suficientes para pagar las penalidades que las mineras juniors no podrían al no generar flujos.
SOBRE EL RANKING
Desde 1997, el Instituto Fraser de Canadá realiza laEncuesta Anual de Compañías Mineras. Ésta es entregada a ejecutivos de empresas mineras y a consultores mineros de todo el mundo, con un principal foco en empresarios relacionados a mineras de exploración. Los encuestados evalúan principalmente dos factores: el potencial geológico y las políticas publicas en una jurisdicción.
Mientras que el índice de políticas públicas está compuesto por quince aspectos evaluados, el potencial geológico está compuesto únicamente por un factor: qué tan atractiva para la inversión creen los encuestados que es una jurisdicción, sólo basándose en la disponibilidad de minerales, imaginándose un escenario en el cual todas las jurisdicciones tuvieran las mejores prácticas políticas posibles. A la hora de hacer el índice consolidado, del cual se desprende el ranking final, el potencial geológico tiene un valor de 60%, mientras que el índice de políticas públicas tiene un valor de 40%.
Fuente: Semana Económica.