Lunes, 25 de Noviembre del 2024
Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato tendrán pronto en su poder documentación proveniente de Andorra, que permitirá no solo cerrar investigaciones, sino que además será utilizada en futuros juicios.
José Domingo Pérez y Geovanna Mori, integrantes del equipo de Rafael Vela, tendrán acceso directo a las investigaciones que dirigen las autoridades de Andorra sobre los pagos de Odebrecht ocultos en la Banca Privada de ese país. El caso está a cargo de la jueza Canolic Mingorance.
Durante su viaje a Andorra en enero pasado, los fiscales peruanos solicitaron documentos que servirán para las pesquisas del Metro de Lima y el caso de Miguel Atala Herrera.
La información llegará a fines de febrero vía cooperación internacional, indicaron fuentes de La República.
“Lo que se solicitó fue la remisión de la documentación identificada en la visita a Andorra, producto de la revisión de actuados en ese país”, señalaron.
Esta información incluye aperturas de documentos confidenciales que personajes investigados como Miguel Atala, Jorge Cuba, Edwin Luyo y Santiago Chau presentaron para abrir sus cuentas secretas en la Banca Privada de Andorra (BPA). También se conocerán más documentos relacionados a Horacio Cánepa y el caso de los árbitros que favorecieron a Odebrecht.
La documentación permitirá a la Fiscalía establecer que los investigados conocían de los registros bancarios para el ocultamiento de dinero.
Esto desbarataría la versión de la mayoría de los abogados de los investigados, quienes aseguran que el dinero recibido no se trata de sobornos.
Se podrán encontrar documentos como pasaportes, cartas de presentación o informes sobre la evaluación de riesgo. Los requisitos que presentaron para abrir las cuentas. Justo el método de Odebrecht para entregar sus sobornos era mediante cuentas secretas. Con ayuda de funcionarios de la Banca de Andorra, se trabajó un sistema para ocultar transferencias de la constructora brasileña a funcionarios de varios países.
Como reveló el diario El País de España en el 2017, Odebrecht pagó 200 millones de dólares en coimas a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la BPA.
Las autoridades de Andorra elaboraron un informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por Odebrecht. La Policía de ese país ha investigado a las personas y sociedades que operaron bajo el modelo que estableció Odebrecht.
La documentación llegará vía cooperación internacional y será entregada a los fiscales Geovanna Mori y José Domingo Pérez. Este mes tendrán en sus manos información clave para avanzar en los casos que investigan.
En el caso de Mori, está dedicada a la investigación a Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de Petroperú durante el segundo gobierno de Alan García. Atala creó la empresa offshore Ammarin Investment en Panamá y tuvo una cuenta de 1 millón 300 mil dólares en la Banca de Andorra.
El fiscal Pérez investiga la línea 1 del Metro de Lima y los sobornos que habría entregado Odebrecht a los exfuncionarios Jorge Cuba, exviceministro de Alan García; Edwin Luyo, expresidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima; y a Santiago Chau, exmiembro del mismo comité. Todos ellos se encuentran en prisión.
Otras diligencias
En el viaje de los fiscales del Equipo Especial a Andorra se desarrollaron una serie de diligencias, entre las que destacó el interrogatorio a Francesc Xavier Pérez Giménez, exgerente general de la Banca de Andorra en Uruguay.
Se tenía previsto que, tanto Geovanna Mori como José Domingo Pérez interroguen al exbanquero; sin embargo, esto no sucedió. Solo Mori recogió el testimonio de Francesc Pérez.
En el caso del fiscal Pérez Gómez, la defensa de Santiago Chau pidió suspender el interrogatorio.
El fiscal esperará contar con la documentación que vendrá de Andorra para programar un nuevo interrogatorio a Pérez Giménez. Su testimonio es imprescindible para José Domingo Pérez.
Se debe señalar, además, que Francesc Pérez tiene la condición de investigado con Mori en el caso Atala, mientras que con Pérez aparece como testigo en el caso del Metro de Lima.
Con la fiscal Mori, el exgerente de la BPA precisó que todas las cuentas de los clientes que Odebrecht presentaba no fueron reportadas como operaciones sospechosas.
Admitió que todas las aperturas de cuenta de los clientes (funcionarios peruanos) que presentaba Odebrecht se concretaban con la apertura de cuenta y transferencia.
Además, reconoció que se reunió con Luiz Da Rocha Soarez en Brasil, funcionario de la división de operaciones estructuradas que se encargó de identificar bancos para el pago de sobornos. Esto será corroborado con las diligencias en Brasil que se realizarán del 18 al 22 de febrero.
Pérez Giménez también admitió una reunión con Carlos Nostre, director de contratos del Metro de Lima.
En Andorra también se logró la incautación de las cuentas de Edwin Luyo Barrientos y Santiago Chau Novoa en la BPA.
A pedido del Equipo Especial Lava Jato, la jueza de instrucción de Andorra, Azahara Cascales Ruiz, ordenó el trámite de incautación de los depósitos de los miembros del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. Las cuentas ascienden a un millón 300 mil dólares.
De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso La República, la magistrada indicó que Jorge Cuba Hidalgo, viceministro de Transportes y Comunicaciones, ofreció ayudar a la empresa constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú en la adjudicación de los contratos de la Línea 1, tramos I y II del Metro. “La ayuda ofrecida sería a través de la instrucción al comité especial para evaluar favorablemente los requisitos técnicos presentados en las licitaciones”, indicó.
El dato
– Firma. El Equipo Especial del caso Lava Jato, la Procuraduría ad hoc y la constructora brasileña Odebrecht suscribirán un acuerdo de colaboración eficaz el 15 de febrero en Sao Paulo (Brasil). También firmarán otros cuatro exfuncionarios, entre los que figura Jorge Barata.
En Brasil, piden dar multa de Odebrecht al sector Educación
– La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió a la Suprema Corte Federal que la multa de 1,9 millones de reales que la constructora Odebrecht pagó, como parte del convenio de delación premiada que suscribió en el 2017, sea destinada al Ministerio de Educación.
– Raquel Dodge requirió que los recursos sean transferidos a las unidades de Apoyo al Desarrollo de la Educación Básica; Apoyo a la Infraestructura para la Educación Básica y Adquisición de Vehículos para el Transporte Escolar de la Educación Básica.
– En el documento entregado a la Corte Suprema, la fiscal señala que la sanción económica prevista en el acuerdo de delación premiada está destinada a “reparar el daño sufrido por las víctimas y la comunidad”.
– En este contexto, la fiscal anota que se debe dar prioridad a las víctimas y no al Estado. Raquel Dodge indica que la multa está destinada a minimizar el daño causado a la política económica, la administración pública y la moral administrativa.Considera que el interés público es la educación de los ciudadanos, con el fin de contribuir a una sociedad que valora la honestidad, ser más justa, inclusiva y solidaria.
