Jueves, 7 de Noviembre del 2024
El procurador de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ricardo Rodríguez, anunció que este viernes 28 de Diciembre presentará la apelación a la decisión del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima que ordenó dejar sin efecto la obra de ampliación de carriles que la comuna pretendía ejecutar en las Avenidas Aramburú y Parque Sur en San Isidro.
Explicó que se trata de una resolución en primera instancia por lo que recurrirán al recurso de apelación. Afirmó que el fallo no es una decisión definitiva y por eso está sujeta a una evaluación por la Sala Constitucional.
“Esta procuraduría considera que es una sentencia inconsistente, diminuta y sin motivación ya que no habido un estudio acucioso de las pruebas aportadas por la Municipalidad de Lima y que incluso no participa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en dicho proceso”, subrayó el funcionario edil para Canal N.
“La Municipalidad de Lima ha cumplido con todos los requisitos establecidos por ley para realizarse la obra. No existe un incumplimiento. No solo es en beneficio de un distrito [San Isidro] sino de todos los ciudadanos de Lima”, resaltó.
Rodríguez cuestionó que el juez no haya evaluado el Plan Urbano 2012 -2022 de la Municipalidad de San Isidro que entregó la comuna capitalina como medio probatorio en la que señala que la gestión anterior a Manuel Velarde ya había aprobado la construcción de un tercer carril.
“En su página 28. Específicamente en el programa de Viabilidad y Transito [de la Municipalidad de San Isidro] señala la ampliación del tercer carril de la avenida Aramburú que fue aprobada justamente por ordenanza municipal y ratificada por la Municipalidad de Lima en el año 2013”, acotó.
Recordó que existe otro proceso judicial en el Sexto Juzgado Contencioso Administrativo en el que se discute los mismos hechos y que sí cuenta con la participación del MTC.
“Incluso hay un pronunciamiento del juzgado contencioso que rechaza la medida cautelar a la Municipalidad de San Isidro para que deje sin efecto la certificación ambiental que tampoco ha sido evaluada por el juez”.
