Representantes de alumnos y exalumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se pronunciaron por la necesidad de crear una comisión investigadora para que establezca responsabilidades sobre los cobros ilegales que esta universidad vino recaudando durante varios años.
Ellos sostienen que las autoridades de esta universidad tienen que esclarecer sobre su gestión administrativa. Consideran que lo que ha sucedido no es un hecho aislado.
“Vamos a proponer una comisión investigadora que señale responsabilidades. No solo debemos quedarnos en el equipo rectoral sino ver qué otros órganos han estado involucrados y han tenido conocimiento sobre este hecho”, manifestó en conferencia de prensa Iván Cortez, representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria de la PUCP.
Agregó que este viernes 14 de diciembre planteará ante la Asamblea Universitaria que también se ejecute una auditoría externa mediante una entidad pública o privada, sobre la administración que ha tenido el equipo rectoral que ya está en salida.
Otra de las demandas que presentarán ante la Asamblea Universitaria está referida a la instalación de una comisión de reparaciones para los alumnos que han resultado más afectados con la medida que tomó la universidad.
“Si bien se va empezar a devolver los cobros indebidos, sabemos que muchos estudiantes han tenido que dejar la universidad por estos cobros ilegales que no han podido seguir pagando”, explicó Cortez, tras señalar que a mediano plazo esperan tener un tercio efectivo dentro del Consejo Universitario, el mismo que no existe a pesar de que la ley establece su presencia dentro de este órgano de gobierno.
Ayer por la tarde, el rector Marcial Rubio presentó su renuncia. En el documento pidió disculpas al estudiantado y a sus familias.
Entre 100 y 500 soles
Sobre estos cobros la representante de los egresados, Teresa Laguna refirió que en las boletas aparecían como recargos extemporáneos y fluctuaban entre 100 y 500 soles, dependiendo de la escala en que el alumno se encontraba.
Aun cuando no se sabe con exactitud el número de personas afectadas, Laguna indicó que tienen un listado de casi 6 mil alumnos. Dijo que a la fecha la universidad solo ha devuelto desde el año 2016 una cantidad aproximada de 11 millones de soles.
Recordó que el renunciante rector Marcial Rubio había manifestado que la devolución partiría del año 2012, por un monto que asciende a 32 millones. Mencionó que de pagarse lo cobrado desde el año 2008, como lo señaló Defensoría del Pueblo, la suma fluctuaría entre 40 y 45 millones.
La exalumna también rechazó que las cuentas de la PUCP estén en rojo. Afirmó que desde el año 2007 hasta el año 2017 las auditorías han indicado que esta universidad ha tenido resultados económicos superiores a 52 millones. Y que los superávits desde el 2007 hasta la fecha superan los 100 millones por año.
“Este es el panorama económico para que entiendan que en ningún momento se debió optar por esta modalidad ilegal y mucho menos quebrantar la ley”, anotó Laguna.
Por su parte, Sebastián Pepper, del Tercio Estudiantil de Letras, agradeció el apoyo que están recibiendo de docentes y federaciones estudiantiles.
“Queremos que la PUCP se reconstruya, este es el momento de sentar las bases para que sea más humanista y democrática”, postuló Pepper.
Este jueves, los alumnos harán una vigilia y el viernes realizarán un plantón para esperar los resultados de la Asamblea Universitaria.
Pepi Patrón se va
En carta dirigida ayer a la Asamblea Universitaria, la vicerrectora de Investigación Pepi Patrón renunció a su cargo.
Dijo no haber estado informada de los hechos y consideró que el espíritu de la universidad de buscar lo mejor para el país no se ha visto reflejado en lo acontecido. “Comienza una etapa de replanteamiento de la PUCP”, apuntó.
Comunicado del Vice Gran Canciller
– Ante estos acontecimientos, el Vice Gran Canciller y la Comisión Episcopal para la PUCP rechazaron los actos que han dañado a miembros de la comunidad universitaria y a tantas familias. Pidieron continuar con la reparación económica hasta lograr una solución justa para los afectados.
– También instaron a buscar una solución institucional al problema, además de una transición ordenada, transparente y respaldada en el Estatuto, lo cual pondrá en evidencia la valía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
– Lamentaron los hechos de violencia suscitados e insistieron en una postura institucional, ajena a todo apasionamiento. Indicaron que esto debe ser el mejor testimonio de la identidad pontificia y católica.