Domingo, 24 de Noviembre del 2024
El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, propuso la creación de una orden de detención y entrega a nivel de toda Iberoamérica que sustituya los procedimientos de la extradición que consideró arcaicos, prolongados, costosos y excesivamente formales.
Fue durante su participación en la Tercera Reunión de Alto Nivel del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe que se llevó a cabo en Lima.
Prado Saldarriaga presidió y moderó la mesa de trabajo “Combatiendo la impunidad: aplicación de la ley y cooperación Internacional en casos de corrupción”.
En su intervención resaltó la necesidad de superar las brechas, errores, y deficiencias que tiene la cooperación internacional cuando se trata de enfrentar, procesar y sancionar a quienes han cometido actos de corrupción, especialmente personas con poder político, económico o mediático.
Dijo que lo que viene ocurriendo en América Latina en los últimos años no solo muestra un rebrote de la criminalidad, sino que refleja todavía los riesgos de privilegios procesales como el antejuicio y la inmunidad, que son aprovechados como mecanismos de impunidad.
“El principal reto, el desafío de Latinoamérica es combatir la impunidad”, acotó.
[Lea también: Congresista Francesco Petrozzi renunció a Fuerza Popular]
Prado Saldarriaga refirió que la mesa de trabajo tiene un significado muy especial por la coyuntura actual y la exigencia para que las autoridades y la cooperación internacional combatan la corrupción y la impunidad.
Sugirió, en ese sentido, el impulso, creación o puesta en marcha de una orden de detención y entrega iberoamericana, que sustituya la extradición.
Acompañaron en la mesa de trabajo Patrick Moullette, jefe de la División Anticorrupción de la OCDE; Alejandro Luzón, Fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad de Espala; María Laura Roteta, Fiscal Federal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina.
También Greysa Barrientos Núñez, Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de Costa Rica y Mónica Jiménez, Fiscal Delegada adscrita para la criminalidad organizada de Colombia.
