Viernes, 22 de Noviembre del 2024
Caracas, oct. 9. El gobierno venezolano enfrentaba este martes el reclamo de la comunidad internacional para que aclare la muerte de un concejal opositor que, asegura, se suicidó en prisión, pero que según sus copartidarios fue asesinado.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó una “investigación transparente” sobre las circunstancias del deceso de Fernando Albán, ocurrido el lunes en los temidos calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas.
Albán había sido detenido el viernes cuando regresaba de Nueva York, acusado de la explosión de un dron cargado con C-4 cerca de la tarima donde el presidente Nicolás Maduro daba un discurso, el 4 de agosto.
“El Estado tenía la obligación de garantizar su seguridad, su integridad personal (…). Nosotros pedimos una investigación transparente para clarificar las circunstancias de su muerte”, ya que existen “informes contradictorios sobre lo ocurrido”, declaró este martes una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa en Ginebra.
Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, de línea oficialista, Albán “solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez”. Esperaba para ser trasladado a los tribunales, de acuerdo con el gobierno.
Pero el partido del concejal de Caracas, Primero Justicia, denunció que se trató de un “asesinato”.
“¡Asesinos!”, escribió en Twitter el diputado y fundador de la colectividad, Julio Borges, vinculado por el gobierno al presunto atentado y exiliado en Colombia.
Según Borges, el cuerpo de Albán “fue lanzado sin vida desde el edificio del Sebin”, por lo que prometió seguir luchando para lograr la “salida de la dictadura” y “hacer pagar a estos criminales por el daño que han hecho”.
