La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta madrugada destituir e inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública al suspendido juez supremo César Hinostroza, pero no lo acusó del presunto delito de pertenencia a organización criminal.
Se aprobó además la destitución de los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera y Guido Aguila, pero solo la inhabilitación por diez años para Guido Aguila y Julio Gutiérrez.
Las sanciones
El informe final recomendó sancionar a César Hinostroza con la destitución e inhabilitación por diez años en el ejercicio de la función pública por su presunta responsabilidad en la infracción de los artículos 39, 44, 146 y 139, 139.B de la Constitución. Este extremo se aprobó por unanimidad, con 27 votos.
Se aprobó además acusarlo de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencia y negociación incompatible. Se le excluyó del presunto delito de pertenencia a la organización criminal por 19 votos, la mayoría de la bancada Fuerza Popular.
El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le atribuía a Hinostroza liderar la organización “Los cuellos blancos del puerto”.
Para el exconsejero Iván Noguera se acordó por unanimidad la destitución debido a la infracción de los artículos 39, 44, 150 y 154 de la Constitución.
Se desestimó la recomendación que pedía inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de la función pública y acusarlo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y organización criminal.
Para el exconsejero Julio Gutiérrez se aprobó, con 25 votos favor, la destitución e inhabilitación en el ejercicio de la función pública por diez años debido a las infracciones a los artículos 39, 44, 150 y 154 de la Constitución; así como acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo. Se le excluyó del presunto delito de organización criminal.
En el caso del exconsejero Guido Aguila se aprobó la destitución por la infracción a los artículos 39, 44, 150 y 154 de la Constitución; acusarlo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, pero no por cohecho pasivo y organización criminal como recomendaba el informe final.
Finalmente, se aprobó destituir en el cargo al exconsejero Orlando Velásquez pero se rechazó su inhabilitación por infracción a la Constitución. Se acordó denunciarlo por el delito de cohecho y no por el delito de organización criminal.
Durante el debate César Hinostroza y los cuatro exconsejeros asumieron su defensa ante la comisión permanente, algunos de ellos acompañados de sus abogados.
Hinostroza negó haber infringido la Constitución y cometido presuntos delitos, y cuestionó el trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pues no consideró la opinión de expertos en derecho.
Indicó que hay en su contra un linchamiento mediático y político y que se le pretende atribuir ser el presunto juez del partido Fuerza Popular sin pruebas, hecho que negó.
El exconsejero Iván Noguera, en tanto, dijo que el informe elaborado por el congresista Oracio Pacori tiene falsedades que deben llevar a archivar las acusaciones formuladas en su contra.
De todos los cargos formulados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Noguera admitió solo haberle pedido al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, firmar un convenio para que los estudiantes de la universidad donde trabaja su esposa hagan practicas en esa corte. Dijo, sin embargo, que eso no constituye delito o falta.