El negocio del éxodo venezolano

Venezuela es una “cárcel a cielo abierto”, dice el ingeniero Alejandro Meleán. Sus planes están detenidos por no tener un pasaporte. “Se mojó con agua, por eso lo invalidaron y ahí empezó mi odisea”.

Hace dos años que el servicio de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) fue golpeado por la crisis. Desde entonces los pasaportes escasean y solo se emiten prórrogas de dos años a los que ya han vencido.

El pasado marzo Meleán comenzó una travesía para sacar uno nuevo. No avanza. “Estoy atado, no puedo salir. Me dicen que sea paciente, pero es un martirio esperar en Venezuela”. Él vive con su familia en la ciudad de Maracaibo, en el occidental Estado de Zulia, la más azotada por los cortes eléctricos y el desabastecimiento. Su hermana menor está en su misma condición, aguarda por el documento desde hace dos años: “Siento que se nos va la vida entre apagones y sortear la hiperinflación”.

El éxodo se incrementó en 2012. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, casi el 80% de esta emigración reciente se ha producido entre los años 2016 y 2017. Maduro critica a los que se van del país. “No saben cuánta gente está lavando pocetas (inodoros) en Miami”, dijo en abril. Pero no se refiere a las principales motivaciones de los migrantes, entre ellas los bajos salarios, la violencia y la intimidación por oponerse al régimen. Solo la crisis económica ha desplazado a un 67% de estos migrantes, agrega el informe.

El sistema oficial no funciona y las mafias se alimentan de la crisis para vender los pasaportes a elevados montos. Su precio oficial es de 18,86 bolívares soberanos o unos 20 centavos de dólar de acuerdo con la tasa no oficial, pero en el mercado negro las tarifas se elevan entre 700 y 5.500 dólares.

La oferta depende del tipo de pasaporte y la duración del trámite, los consulares duplican en costos a los regulares. La diferencia es que unos se obtienen en el exterior y los otros en Venezuela. EL PAÍS ha conversado con dos personas que afirman conseguir estos documentos mediante mafias. Los hombres piden al cliente pagar por adelantado con dinero en efectivo, también coinciden en que las gestiones se han dificultado con el cambio de director en el organismo.

– ¿Cuánto cobra por sacar un pasaporte?

– Eso depende, el consular es muy caro. Sale más barato que (alguien) se venga a Venezuela, lo saque y se vuelva a ir. El consular, la cita son 2.500 dólares y la impresión son unos 3.000 – responde el gestor en una conversación telefónica.

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– ¿Y cuánto el precio sería desde Venezuela?

– Ese es el VIP. Su precio es de 2.000 dólares y se entrega de un día para otro.

Por el más económico, conocido como el trámite “corriente”, se paga unos 700 dólares. Los que manejan este negocio prometen entregarlo en unas semanas. La venezolana Roxana Marín se niega a ser cliente de las mafias. Hace años había emigrado a Ecuador, pero regresó a su país con su bebé en febrero del año pasado. Su propósito era renovar el pasaporte y devolverse a Quito. Pero en la espera del proceso sigue en Venezuela. “Tuve la cita el 6 de abril de 2017, tras mucho batallar con la página del Saime”, dice. Obtuvo la prórroga hace cuatro meses.

La existencia de las mafias fue reconocida por Néstor Reverol, ministro de Interior, en julio. Fueron detenidos empleados del SAIME, destituido su director, Juan Carlos Dugarte, y creada una línea telefónica para recibir denuncias.

La corrupción en los servicios de extranjería no es nueva. En su último informe, Transparencia Internacional, en su capítulo sobre Venezuela, ha registrado 195 casos de cobros ilegales de pasaportes desde enero de 2017. Un centenar de estos casos fue denunciado en la Fiscalía por esta ONG que recoge los casos mediante llamadas, correos y conversaciones con los extorsionados.

Muchos no formalizan sus acusaciones. María Laya, una estudiante de Derecho, escribe al nuevo director del ente de identificación que un hombre le cobró 2.200 dólares por un pasaporte. Como prueba enseña una fotografía de la conversación con el extorsionador, pero nadie atiende su denuncia.

Laya dice que encontró al presunto facilitador en un grupo de Facebook dedicado a hacer trámites para viajeros. Las ofertas de gestoría se hallan hasta en la web Mercado Libre. En la plataforma de compra y venta de todo tipo de productos se lee “trámites del pasaporte, citas y prórrogas” para los que se sientan confundidos o hastiados del proceso y prefieran contratar a otros. Nadie califica a este servicio anónimo que se localiza en el occidental Estado de Lara y que asegura operar en todo el país, no trabajar para el Gobierno y tampoco garantizan agilizar la entrega del documento.

La página oficial del SAIME se demora en abrir, otras veces no carga. Los usuarios acceden al portal del ente para pedir una cita electrónica, el primer paso del proceso para sacar un pasaporte. Marilyn Ochoa, madre de un niño con cáncer, no ha podido con este paso desde noviembre. Necesita un pasaporte para su hijo que será atendido en Colombia ante la crisis de salud en Venezuela. “La Clínica Las Américas, en Medellín, me prometió ayudar al niño y estoy paralizada por un trámite”, explica.

Muchos optan por pedir una prórroga de dos años en su pasaporte. Esta es una estampa puesta al documento ya vencido, un proceso que tarda entre uno y tres meses. Su costo es menor a un dólar dentro del país, pero en el exterior es superior.

Gustavo Vizcaíno Gil, director del SAIME, evalúa extender la prórroga a cinco años, pero la solución no incluye a los que necesitan uno nuevo. Para normalizar el servicio se necesita una inyección millonaria de presupuesto y un cambio de políticas. El antecesor del organismo, Dugarte, había advertido que el Gobierno gasta 16 dólares por producir un pasaporte. Eso significó pérdidas económicas.

Los anulados
El SAIME invalidó 45 pasaportes venezolanos pertenecientes a periodistas, políticos opositores y sus familiares en los meses de protestas antigubernamentales de 2017. La lista de afectados fue divulgada por los medios de comunicación en ese momento y se hicieron denuncias públicas, pero no se abrieron investigaciones contra la institución.

Ana Pérez, nombre falso por petición de la entrevistada, se siente “indefensa”. Salió del país tras ser amenazada por su trabajo periodístico hace tres años. En una visita a su familia, radicada en Caracas, su pasaporte fue anulado por agentes de Migración en 2017. “La muchacha me puso el sello de salida a pesar de que me decía que el pasaporte estaba anulado por robo, según le indicaba el sistema”.

Ahora, está en el extranjero, no ha visto a su familia porque no puede viajar y solo espera volver a la legalidad. “Me siento presa, en un limbo. Es como no existir. Gracias a unos contactos pude hacer el trámite otra vez, aguardo ahora, pero sin garantías”, explica.