Lunes, 25 de Noviembre del 2024
Por 10 días calendario, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró en emergencia funcional al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), tras una sesión de urgencia, informó el titular de este poder del Estado, Víctor Prado Saldarriaga.
“La Sala Plena acordó declarar en emergencia el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por 10 días calendario”, afirmó el magistrado al término de la reunión efectuada ayer.
Disposición
Respecto a los integrantes del CEPJ involucrados en los últimos audios con el suspendido juez César Hinostroza, refirió que quedan ahora a disposición de sus órganos de elección, para ver su posible remoción.
Informó, además, que tras analizar los audios y el nivel de intervención de los jueces supremos Héctor Lama More y Janet Tello Gilardi, la Sala Plena acordó ratificarlos por unanimidad ante el referido órgano de gobierno al ver que cumplieron con sus deberes y facultades.
Se decidió también requerir a la junta de jueces superiores y especializados, respectivamente, para que, en reunión a realizarse el 27 de este mes, vean la remoción de sus representados, Augusto Ruidías Farfán y Rosa Amelia Vera Meléndez.
El titular del PJ indicó que se pedirá también a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, en un plazo no mayor de cinco días calendario, abordar el caso de su representante Pedro Angulo Arana.
Revisión
En la reunión se decidió, además, delegar a la Presidencia del Poder Judicial para que, con el apoyo del Gabinete de Asesores, realice en el más breve plazo la revisión de las normas que regulan las funciones y competencias del mencionado Consejo Ejecutivo, así como de sus miembros, y formule propuestas de modificación.
En recientes audios, difundidos por la prensa, Hinostroza se contactó con miembros del CEPJ para presuntamente favorecer a la magistrada María Luisa Apaza, presidenta del tribunal que lleva el caso Sánchez Paredes, con un traslado desde la Corte del Santa a sedes judiciales de Lima o el Callao.
En un comunicado, Ruidías indicó que nunca se realizó ese traslado “ni desde el ingreso inicial de la solicitud (2016) ni a partir de la llamada del juez supremo ahora suspendido (2018)”.
“La conversación solo denota un trato coloquial, sin asumir compromisos, sin solicitar prebendas u otros ofrecimientos, como es mi estilo”, argumentó.
Sostuvo que, al no haberse registrado ningún traslado ni haber aceptado la recomendación de nadie, “debo rechazar cualquier cuestionamiento a mi conducta funcional”.
En otro comunicado, Vera Meléndez indicó que “en ningún momento pretendió realizar algo irregular” y rechazó el enfoque brindado al respecto en la prensa.
Afirmó que desconocía la existencia de algún tipo de interés de Hinostroza, de quien refirió “hasta hace poco era uno más de nosotros, a quien no se le conocía ningún tipo de sospecha en su actuar”.
Reconoció, no obstante, que fue un error haberle detallado en la conversación pormenores que no correspondían, por lo que ofreció disculpas a la magistratura nacional.
Requerimiento congresal
Víctor Prado expresó también su sorpresa por el requerimiento del Congreso de la República para que el Poder Judicial se pronuncie sobre el caso del legislador Benicio Ríos, condenado a siete años de prisión por la compra irregular de un terreno en el Cusco para un relleno sanitario. En Canal N, dijo que solo cabe que el parlamentario cumpla la sentencia que se la ha impuesto en segunda instancia. “No obstante, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial, que preside Francisco Távara, ya está puesta en autos y mañana [hoy] emitirá un pronunciamiento técnico sobre lo que acontecerá con este congresista ya condenado”. Para Prado, el recurso de casación presentado por el legislador de Alianza Para el Progreso no impide que cumpla su sentencia en la cárcel. De otro lado, el Poder Judicial informó también que la Sala Plena de la Corte Suprema acordó que el Comité de Ética Judicial evalúe el caso del juez Ángel Romero respecto a audios propalados el último domingo.
Detención
La Fiscalía Suprema de Control Interno intervino al presidente de la Sexta Sala Superior con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, Juan Gonzales Chávez, cuando recibía parte de un presunto soborno de 30,000 soles requeridos a acusados de estafa.
La intervención en flagrancia estuvo a cargo del fiscal Jorge Bernal Cavero, quien llegó a la sede del Poder Judicial de la cuadra 5 de la avenida Abancay junto con el fiscal Jaime Velarde y policías.
