Miercoles, 18 de Diciembre del 2024
Lima, jun. 20.
El Consejo de Ministros autorizó hoy interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula la contratación de publicidad estatal en los medios de comunicación privados, informó el titular de Justicia, Salvador Heresi, quien dijo que mañana personalmente entregará este recurso ante el Tribunal Constitucional (TC)
“Mañana personalmente a las 3.00 de la tarde estaré en el Tribunal Constitucional junto al procurador constitucional para interponer esta demanda”, informó Heresi en conferencia de prensa.
Según explicó, el objetivo de la demanda es que el Tribunal Constitucional (TC) declare la inconstitucionalidad de la ley en su totalidad, por vulnerar el derecho de cada persona a recibir información de parte del Estado, y la obligación de este de garantizar y hacer efectivo ese derecho.
Precisó que la ley fue aprobada en el Pleno del Congreso sin antes haber sido analizada en las comisiones legislativas pertinentes de este poder del Estado, como la de Constitución, hecho que constituye uno de los argumentos de forma empleados para dar sustento al cuestionamiento contra la norma.
“No solamente se debió ser debatido en las Comisiones de Justicia y Constitución, sino que se aprobó en la Comisión Permanente y no en un Pleno, que debió ser lo más democrático y correcto. Consideramos que hay una omisión de pronunciamientos por parte de la Comisión de Constitución”, refirió.
En cuanto a los fundamentos de fondo, señalo que la ley en cuestión no solo restringe el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información, sino también impide al Estado garantizarlo.
“Todos los ministros de Estado acordamos presentar esta acción ante el Tribunal Constitucional”, manifestó.
Ante la importancia del tema, el ministro de Justicia exhortó respetuosamente al Tribunal Constitucional a atender con urgencia esta demanda por tratarse de un tema fundamental para la democracia del país”, señaló.
Sostuvo, no obstante, que durante la reunión del Consejo de Ministrostambién fueron evaluadas otras opciones, teniendo en cuenta que resolver una acción de inconstitucionalidad toma un tiempo relativamente largo.
“La idea sería buscar un consenso para plantear una nueva ley o una modificatoria, para no agotarnos en un enfrentamiento que significa una acción de inconstitucionalidad, sino, como caracteriza a este Gobierno, buscar consensos para solucionar este tema”, añadió.
