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Gobierno aprueba Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción

Publicado el 26/04/18

Para el periodo 2018 – 2021

El Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2018 – 2021, instrumento que establece las acciones priorizadas para prevenir y combatir este flagelo e impulsar la integridad pública.

Según el decreto supremo 044-2018-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, las máximas autoridades de las entidades públicas y responsables de este plan, adoptarán en el ámbito de sus competencias, las medidas para su ejecución y velarán por su cumplimiento.

Asimismo, establece que la implementación y el cumplimiento del Plan se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas y en el marco de las leyes anuales de presupuesto.

Además, dispone que el seguimiento, monitoreo y evaluación lo realice la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) a través de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El dispositivo agrega que las entidades del Estado que se encuentran bajo el ámbito de la presente norma tienen el deber y la obligación de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones establecidas que conforme al Plan Nacional se encuentran en el marco de sus competencias.

Por otro lado, determina que, en un plazo no mayor de 60 días, la Secretaría de Integridad Pública en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), propondrá las normas complementarias para ajustar la Política Nacional de Integridad.

La aprobación de este Plan servirá para reemplazar al anterior que abarcaba el periodo 2012 – 2016, siendo el resultado de un proceso participativo donde participaron los representantes de las entidades y miembros de la CAN.

Este nuevo plan no solo toma como punto de partida las disposiciones contenidas en las convenciones internacionales sobre lucha contra la corrupción, sino también las recomendaciones formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad y el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 



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