El Consejo de Ministros aprobó transferir 283 Proyectos de Reconstrucción a los Gobiernos Locales de Piura luego que se modificara parte de la Ley N° 30556 o Ley de la Reconstrucción Con Cambios.
De esta manera, mediante el Decreto Supremo N° 027-2018-PCM, se autorizó que los ministerios a cargo de algunos proyectos cedan parte de sus intervenciones a los municipios de las zonas afectadas por El Niño Costero.
En la publicación se lee que “de acuerdo a las coordinaciones realizadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Agricultura y Riego, se ha considerado pertinente efectuar el cambio de ejecutor de intervenciones relacionadas a caminos vecinales, puentes, saneamiento rural y agricultura, respectivamente, a favor de diversos Gobiernos Locales, cuya ejecución está a cargo de dichos ministerios, conforme a lo previsto en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios”, publicó el diario El Tiempo de Piura.
En tanto, el director ejecutivo de la ARCC, Edgar Quispe, informó que el principal criterio para la descentralización ha sido la ejecución presupuestal que han tenido los municipios en los últimos tres años.
“Los cambios de unidades ejecutoras se realizan con el fin de acelerar y descentralizar la Reconstrucción con Cambios y así mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con el Fenómeno de El Niño Costero”, señaló Quispe.
Falta trabajar más
Para lograr que esta descentralización dé resultados, los congresistas piuranos Hernando Cevallos y Karla Schaefer plantearon al Ejecutivo agilizar la transferencia de recursos a los municipios para que puedan iniciar con las obras.
“No es cuestión de que voy a aplaudir porque ya descentralizaron [las obras]. Deben asegurarse que los municipios tengan los presupuestos y la capacidad técnica para que puedan hacer bien los expedientes. También que se prioricen proyectos y que se hagan los más importantes”, opinó Cevallos.
Se mostró preocupado porque hasta el momento -asegura- no se ha aprobado la participación directa de la Contraloría en estas obras.
“A la Contraloría todavía no se le aprueba su participación y el Ejecutivo ha observado la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría”, comentó.
Por otra parte, señaló que el Gobierno Central debe evaluar si no existen riesgos al transferir más obras a los municipios, debido a que algunos no acreditan la capacidad de ejecución que se les exige y podrían dejar algunas obras inconclusas.
La parlamentaria de Fuerza Popular Karla Schaefer también pidió que la Contraloría intervenga desde que se convocan los procesos para la adjudicación de alguna obra.
Saludó el decreto supremo porque estaría considerando a las municipalidades distritales como unidades ejecutoras.
En otro momento, dijo que a un año de iniciarse con el plan de reconstrucción, el Ejecutivo ha optado recién por ceder proyectos a los Gobiernos Locales porque no tiene capacidad de ejecución.
“El Ejecutivo no tiene capacidad para ejecutar las obras y por eso debe apoyarse de las municipalidades distritales y provinciales que sí cuentan con la capacidad de ejecutar”, comentó.
El decano del Colegio de Ingenieros, Hugo Gárces, manifestó que es positiva esta decisión porque permitirá ejecutar más obras.
“Ya no habrá una o dos obras en ejecución, sino unas 20 o 30 [obras] en paralelo”, subrayó Garcés.
Se requiere avanzar
El alcalde de Catacaos, Juan Cieza, declaró que muchos municipios requieren que se les asigne recursos para la elaboración de expedientes técnicos. Por ello, recomendó al Ejecutivo avanzar con las obras que ya cuentan con estos estudios.
“El Gobierno tiene que avanzar con los expedientes que ya tiene. Por ejemplo, para Pedregal Chico se entregó un expediente completo y hasta la fecha no se avanza nada, con lo que ya tenemos creo que avanzaríamos bastante”, refirió.
Cieza señaló, además, que dentro de la modificatoria de la Ley de Reconstrucción hay proyectos que podrán ser ejecutados bajo la modalidad de obras por impuestos, y que esto podría retrasar más los procesos de adjudicación.
A su turno, el alcalde de la provincia de Sullana, Carlos Távara, indicó que en este nuevo decreto su jurisdicción no ha sido incluida como ejecutora. Sin embargo, aseguró que ya cuentan con algunos proyectos para ejecutar.
Demandó que se les asigne proyectos para el sector educación: “Necesitamos que nos transfieran proyectos para intervenir colegios. Estamos en la capacidad de hacerlos”.