Jueves, 21 de Noviembre del 2024
El Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley 30737 que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de Corrupción y delitos conexos y que reemplaza al Decreto de urgencia 003.
Las medidas dispuestas en la ley para asegurar dicho pago son la suspensión de las transferencias al exterior, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación, la retención de importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación preventiva.
Estas medidas aplican, según la norma, para las personas jurídicas con sentencia firme por delitos contra la administración púbica, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado peruano.
También para los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos contra la administración público, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.
Igualmente, aplica para las personas jurídicas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.
La ley aplica de la misma manera para todos aquellos vinculadas a las personas jurídicas.
El texto del dispositivo legal incluye también acciones restrictivas contra los socios, asociados o consorciados de las personas vinculadas a actos de corrupción.
En ese marco, los socios o consorciados tendrán la obligación de constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de la reparación civil; suspender las transferencias al exterior implementar un programa de cumplimiento y revelar información a las autoridades encargadas de la investigación.
La Ley 30737 fue promulgada luego de su aprobación por mayoría en el Pleno del Congreso, tras haber sido dictaminada por las comisiones de Justicia y de Economía de este poder del Estado.
Según el Ejecutivo, esta norma permite que los proyectos de inversión no se paralicen y, al mismo tiempo, sancionar los casos de corrupción.
