Martes, 5 de Noviembre del 2024
La condena por corrupción al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, va a a ser ratificada por un tribunal de Porto Alegre, lo que compromete las aspiraciones del político izquierdista de un nuevo mandato en los comicios presidenciales del próximo octubre. Aunque la sesión que examina el recurso de Lula contra la condena que emitió el pasado julio el juez Sérgio Moro, cabeza visible de las investigaciones sobre la corrupción en Brasil, todavía no ha finalizado, dos de los tres miembros del tribunal ya han votado por ratificar el fallo. Por el momento, Lula aún tiene un margen para evitar pisar la cárcel y aún para evitar su inhabilitación política, al menos de manera inmediata.
La sentencia implica que Lula queda declarado inelegible, aunque el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) puede recurrir para aplazar su ejecución y ganar tiempo en un intento de llegar a unas elecciones en las que todas las encuestas le sitúan como el gran favorito. Ese margen sería mayor si el último de los magistrados que aún no ha comunicado su voto se decantase por absolver a Lula e impedir una condena unánime.
Los magistrados han avalado los argumentos del juez Moro para concluir que Lula recibió un apartamento triplex en una playa del litoral de São Paulo como un soborno de la constuctora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera pública Petrobras. Los dos han rechazado las alegaciones de la defensa de que ni Lula ni su familia llegaron nunca a ocupar la vivienda y que de hecho no existe ningún documento que pruebe que el expresidente es su propietario. “La OAS fue el testaferro del verdadero titular del inmueble [Lula]”, ha sentenciado el magistrado João Pedro Gebran Neto, quien también consideró que existen “pruebas más allá de lo razonable de que el presidente fue uno de los principales artífices, sino el principal” del sistema de corrupción creado a través de los contratos de la Petrobras. Ese sistema, según los jueces, implicaba el pago de sobornos para financiar al PT y hacer favores personales a algunos de sus dirigentes.
Tanto los magistrados como la fiscalía insistieron en negar que el proceso tenga un carácter político, como vienen denunciando Lula y sus seguidores. “No juzgamos al hombre o al personaje, reconocido estadista, si no a quien cometió delito”, señaló Gebran Neto, quien, no obstante, insistió en que los crímenes son más graves por el hecho de que fuesen cometidos por una persona que fue presidente de la República, ya que eso supone una “desestabilización del orden democrático”.
El fiscal, Mauricio Gotardo, criticó también duramente la campaña del PT para denunciar el juicio contra Lula, con protestas públicas que se han repetido en los dos últimos días en Porto Alegre. El representante del ministerio público denunció que el PT creó una “tropa de choque” que usó prácticas “próximas al delito de coacción” con el único propósito de “perpetuar un proyecto político personal”.
