Lunes, 18 de Noviembre del 2024
El “Boom” de la Minería está de regreso. Prueba de ello es la reciente racha alcista de los precios del cobre y zinc, que anotaron marcas récord de los últimos 4 y 10 años, respectivamente, la semana pasada. Según los analistas, esa tendencia se prolongará por 5 a 7 años, tiempo más que suficiente para reactivar y echar a andar los megaproyectos mineros paralizados en años previos.
Sin embargo, un nubarrón amenazaría con ensombrecer este ubérrimo panorama: la crisis del poder Ejecutivo producida por el fallido intento de vacancia presidencial que sorteó Pedro Pablo Kuczynski y el posterior indulto otorgado a Alberto Fujimori.
Una voz de alerta ya la había lanzado –el pasado 19 de noviembre– Pro Inversión, cuando anunció que había decidido aplazar por dos meses la subasta de Michiquillay, megaproyecto de cobre de US$2.000 millones, debido a la incertidumbre generada por la “coyuntura política”.
LA LÓGICA DE LA INVERSIÓN
Víctor Gobitz, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, es claro en señalar que el ruido político no tiene por qué afectar el desarrollo de la industria minera, porque esta no adopta sus decisiones de inversión con la “lógica de un retail”, sino pensando en el largo plazo.
“Esperamos que Minsur y Anglo American tomen este año la decisión de invertir en Mina Justa y Quellaveco. Pero el efecto de esta determinación se verá al cabo de 3 o 4 años. El 2018 no habrá un impacto. Este empezará a sentirse en 2019 y 2020, y será sustantivo recién en 2021 o 2022, cuando comiencen a producir. Son decisiones que no se rigen por el ruido político”, apunta.
Agrega que prueba de ello es que Buenaventura sigue interesada en adjudicarse Michiquillay como una de sus primeras opciones de proyecto greenfield para el largo plazo.
Esta optimista apreciación es compartida por Juan Carlos Guajardo, gerente general de Plusmining, consultora chilena especializada en el mercado del cobre.
“Es comprensible la preocupación que hay en el Perú, pero, si bien es cierto que este tema llama la atención de los inversionistas internacionales, no lo hace al extremo de disuadirlos de invertir. Para ello tendría que haber una crisis aguda o un cambio en las reglas de juego”, anota a Día1.
Un ejemplo, señala, es lo ocurrido en Chile, país que gozó largo tiempo del beneplácito minero hasta que ciertas modificaciones normativas (implementadas en la segunda presidencia de Bachelet) cambiaron negativamente el panorama.
El resultado es que el país sureño sufre actualmente una visible escasez de proyectos mineros, que obstaculizan sus intentos de incrementar producción.
OLAS DE PROYECTOS
Según Gobitz, nada sugiere que el Perú cambiará sus reglas de juego, por lo que cabe esperar que este año sobrevendrán tres sucesivas olas de proyectos mineros: una primera orientada a exploración para reponer reservas, una segunda enfocada en mejorar las eficiencias operativas y una tercera ola destinada a expandir la producción.
Son estas las que vienen incrementando la inversión minera (13,8% a noviembre pasado), mientras el Gobierno espera la materialización de los medianos y grandes proyectos, que son los que disparan el Capex (inversión de capital).
SIN EMBARGO, HABRÍA UNOS BEMOLES
Miguel Cardozo, presidente de la compañía exploradora Alturas Minerals, concuerda en que los avatares políticos de PPK no tienen por qué afectar la dinámica de los proyectos medianos y grandes, pero advierte que podría haber un efecto negativo sobre el sector junior (mineras que levantan capital en bolsa para explorar) si la crisis política se agudiza o es aprovechada por algunos oportunistas o agitadores sociales.
“El problema es que si el riesgo país aumenta debido a conflictos políticos, el público que invierte en exploración minera va a retraerse. Quienes realizan inversión de alto riesgo (y la exploración lo es) son sensibles a estos temas. Es importante para ellos ver que su dinero se mueva rápido; si no, lo llevan a otro país”, anota.
FOCOS DE PELIGRO
Si bien es aún temprano para identificar dichos riesgos, existirían indicios a tomar en cuenta.
Luis López, coordinador del Grupo de Diálogo en Minería, alerta de un posible foco peligroso en Chalhuahuacho (Las Bambas), jurisdicción que lleva cuatro meses en estado de emergencia, y donde un sector de la población estaría respondiendo a esta tensa situación invocando la ilegitimidad del mandato de PPK.
De igual forma, relata que en el área de Michiquillay Gregorio Santos ha levantado (si bien con poca respuesta de las comunidades) la bandera contra la ejecución del proyecto, por emanar de un gobierno ilegítimo.
Para acallar este tipo de manifestaciones, López propone la creación de autoridades interregionales. Por ejemplo, la Autoridad Regional del Corredor de Desarrollo del Sur, que garantizaría la inversión social de S/6.500 millones destinada a áreas mineras en Cusco, Apurímac y Arequipa.
