Lunes, 18 de Noviembre del 2024
Ayer en el Pleno del Congreso de la República fue sustentado el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria para determinar las responsabilidades de los funcionarios y personas naturales e instituciones públicas y privadas por los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano.
A través de un comunicado de prensa, Petroperú refirió que dentro de las principales conclusiones de este informe, se señala haber identificado presuntas responsabilidades de Instituciones del Estado y de la petrolera, así como, de sus funcionarios. Por lo que se, recomienda adoptar medidas para sancionar y corregir estas responsabilidades, solicitando a la Fiscalía, Ministerio Público y Contraloría General de la República las investigaciones del caso.
Al respecto, Petroperú dijo que desde la conformación e instalación de la Comisión Investigadora han participado en las sesiones a las que ha sido convocado y ha entregado la abundante información solicitada de manera transparente, con la finalidad de contribuir a los objetivos establecidos por esta Comisión Investigadora.
“Tomando conocimiento de las conclusiones expuestas en el Pleno del Congreso de la República, la empresa viene elaborando los descargos correspondientes con el objetivo de coadyuvar al correcto esclarecimiento de los hechos investigados, los mismos que serán remitidos al Congreso de la República”, advirtió.
En la víspera, el presidente de la comisión investigadora dijo que “los derrames ocurridos entre el 2008 y el 2016 no solo han dejado graves problemas sociales, ambientales y económicos para el país, y la Amazonía en particular, sino que además evidencian posibles delitos y hechos de corrupción o cuando menos intolerable y llamativa incapacidad de algunos funcionarios en Petroperú”.
El informe presentado ante el Pleno del Congreso precisa en su conclusión 14 que “no se han encontrado indicios razonables que permitan establecer vínculos y responsabilidades en las comunidades nativas frente a los derrames ocurridos en el oleoducto por acciones de terceros”.
Por el contrario, advierte que Petroperú contrató a empresas sin experiencia suficiente y la capacidad financiera adecuada para brindar servicios de remediación por sumas millonarias, amparándose en vacíos normativos de sus reglamentos de contrataciones.
